En diciembre del 2023, al filo del cumplimiento del periodo de funciones de los magistrados, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido varias sentencias que benefician al gobierno en funciones en su lucha de dominación política. La referencia de que ahora no existe reelección indefinida en una sentencia que trata de otro tema, la sucesión del gobierno departamental de Santa Cruz, la suspensión de la competencia del Presidente y la Directiva del H. Senado y entre otras, la prórroga de las funciones de los propios magistrados, por citar algunas de las más relevantes.
Es evidente que todo ello responde a un hecho concreto y que no puede ignorase: ante la dificultad de conseguir acuerdos en el Legislativo, el gobierno ha decidido instrumentalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, esto es, ha decidido gobernar a golpes de sentencia constitucionales y, los magistrados, se muestran no solo diligentes, sino “encantados” con dicha tarea. Lo mismo acontece con el Tribunal Supremo Electoral y otros órganos, pero como el Tribunal Constitucional Plurinacional es el encargado de garantizar los derechos fundamentales y evitar la infracción de la Constitución, basta que se tome a este.
No es posible ignorar que aquel escenario se ha dado también por la incapacidad del Legislativo, que a pesar de que es la entidad que debe crear acuerdos y consensos sobre los temas esenciales del país, ya sea por ineficiencia o conveniencia partidaria, ha rehuido esa tarea y se ha tornado un mecanismo poco constructivo. La posición de los partidos en función de gobierno dista mucho de la responsabilidad que les corresponde; basta citar la más evidente: la falta de nombramiento de los nuevos magistrados antes del 30 de diciembre del 2023.
Esta es una realidad terrible para quienes creemos en un Estado Constitucional de Derecho, para aquellos ciudadanos de bien, que consideramos que la Constitución es el único instrumento válido para garantizar los derechos y que, además; confiamos en que los gobernantes más allá de quienes hayan sido quienes votaron por ellos, tienen responsabilidad con todo el país, se instrumentalice al Tribunal Constitucional, que tiene por función garantizar los derechos de las personas.
Efectivamente, desde que se aprobó la Constitución del 2009, se la promovió y ejerció como un programa político en favor del gobernante de turno. Basta recordar que el Ex Presidente Morales, cuando estaba en funciones en el 2016 afirmó, que “la independencia de poderes es un ardid imperialista para descuartizar al Estado”, y hoy cuando el mismo no está en función de gobierno, reclama la división de poderes y en particular de la independencia de la justicia y busca intervención de veedores internacionales que la garanticen; omite que esa forma de gobernar quebrantando el derecho la ejerció él durante muchos años y por ende, no debería quejarse en lo más mínimo. El promovió la perdida de institucionalidad y la pérdida de la ética ciudadana.
Es increíble que en pleno Siglo XXI, en nuestro país aún se ignore que solo el debido cumplimiento de la Constitución, de las reglas sobre división de poderes, garantizan el libre ejercicio de los derechos, la paz social y el desarrollo económico; pero la clase política y algunos sectores ciudadanos carecen de credenciales democráticas y obviamente promueven y viven en la arbitrariedad. Sin embargo, no se puede obviar que esta forma de ejercer la política termina siendo rechazada por una cantidad cada vez mayor de ciudadanos, a la vuelta de la esquina cuando estén fuera del gobierno, reclamarán -cómo no- el respeto del orden constitucional, pero para entonces será tarde para ellos.
