Por enésima vez, un organismo internacional
llama la atención sobre el calamitoso estado de la justicia boliviana, los
abusos que comete el régimen, la injerencia política, la manipulación de los
tribunales y otros males que han convertido a Bolivia en una dictadura.
Hablamos del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que ha publicado más de 30 recomendaciones, entre ellas, frenar la
persecución política que se ejerce a través del uso indiscriminado de figuras
jurídicas como el genocidio y el terrorismo y la aplicación caprichosa y
desmedida de la detención preventiva. En principio estos llamados de atención
no tienen mayores consecuencias sobre el gobierno boliviano, que descaradamente
ignora las sugerencias. Pero todo es parte de un proceso, algo largo y tedioso,
pero efectivo. La presión internacional termina rindiendo sus frutos y a la
larga se traduce en sanciones como las que se han aplicado contra las
dictaduras nicaragüense y venezolana, donde los tiranuelos en funciones han
tenido que expulsar a los organismos multilaterales, pensando que de esa manera
pueden disimular sus fechorías. Por último, en este momento se está dando una
ola de juicios y detenciones a ex mandatarios latinoamericanos acusados de
graves delitos por el gobierno norteamericano. Eso tampoco se puede esconder.