Dentro de unos días la economía boliviana sufrirá un nuevo mazazo, cuando el gobierno apruebe el aumento generalizado para el universo de asalariados, que en realidad son muy pocos en este país de informales. Justamente, la abultada informalidad de Bolivia, una de las más grandes del mundo, es el resultado de políticas nocivas y decisiones destructivas que toma todos los días el estado intervencionista.
No lo decimos sólo porque el aumento salarial llega en un mal momento, cuando la economía de las empresas está deteriorada (a los dueños del estado nunca les va mal) sino porque sujetos que nunca han trabajado, que jamás han producido y no conocen cómo funciona una unidad productiva, son los que deciden sobre el salario, que además de golpear a las empresas, afectan con mayor rigor a los trabajadores. Veremos por qué.
La política del salario mínimo y de los aumentos por decreto, ampliamente defendida como un escudo contra la explotación laboral y la desigualdad, está lejos de ser una solución viable para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
A menos que lo obligue el estado, un empleador jamás pagará a un trabajador más de lo que éste contribuye en valor. Si lo hace, atenta contra su empresa y por ende, contra todos los asalariados que dependen de ella y también contra los consumidores, que pagarán un precio superior ni bien desaparezca un competidor.
Al revés, a un empresario no le conviene pagar menos, porque ni bien pestañee, la competencia le “robará” su capital humano, cuyo resultado será la pérdida de competitividad con idénticas consecuencias del caso anterior.
Este razonamiento simple pero poderoso revela el grave error de imponer un salario mínimo por encima del valor del mercado. Hacerlo conduce inevitablemente a un aumento del desempleo, ya que las empresas se ven forzadas a despedir trabajadores cuyo costo supera su aporte. Lejos de ser un escenario hipotético, esta consecuencia tiene rostro humano: jóvenes en busca de su primera experiencia laboral y trabajadores menos cualificados, quienes son empujados hacia la precariedad o la economía informal.
Los efectos adversos del salario mínimo—desempleo, inflación, presión indebida sobre las pequeñas empresas y la perpetuación de la desigualdad— son sintomáticos de una visión miope y mecanicista de la economía que ignora la complejidad del comportamiento humano y las dinámicas del mercado.
La realidad es que las buenas intenciones no son suficientes para formular políticas públicas; se necesita un entendimiento profundo de las consecuencias económicas reales y potenciales de tales políticas.
Lamentablemente el populismo de izquierda es el que mejor explota este engaño hacia los trabajadores, que son los que más sufren cuando se distorsiona la realidad salarial. Se perjudica el joven que no puede conseguir un puesto porque para contratarlo hay que pagarle un mínimo; se fastidia el trabajar eficiente porque recibe el mismo trato que el perezoso y salen mal todos los trabajadores, porque las empresas se van a la quiebra, se van a otro país o se vuelven informales. Los únicos beneficiados son los politiqueros y los sindicalistas que apoyan la medida escudados en su inamovilidad.
