Desde que la provincia de Salta implementó el controversial sistema de cobro a extranjeros por servicios de salud en hospitales públicos, se ha producido una disminución de hasta el 90% en la atención médica a ciudadanos bolivianos. Esta medida, que se ha convertido en un caso inédito en Argentina, ha desatado un amplio debate sobre la reciprocidad y equidad en el acceso a la salud entre ambos países.
Desde hace un mes, cuando la medida fue oficializada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, el impacto ha sido inmediato y significativo, afectando principalmente a la población boliviana que tradicionalmente ha cruzado la frontera en busca de atención médica. Según datos proporcionados por autoridades sanitarias de Salta, ciudades fronterizas como Orán y Salvador Massa han visto una reducción dramática en la cantidad de pacientes bolivianos en sus instalaciones médicas.
La imposición de este arancel sanitario establece costos prohibitivos para muchos, ascendiendo a 100.000 pesos argentinos por día para una cama común, con precios aún más elevados para servicios especializados como la terapia intensiva o la neonatal. Estas tarifas ponen fuera de alcance la atención médica para la mayoría de los ciudadanos bolivianos que buscan servicios en Argentina, forzándolos a depender de los recursos de salud dentro de Bolivia o a enfrentar graves dificultades económicas.
La decisión de Salta, justificada por sus autoridades como un paso hacia la equidad y la reciprocidad en la prestación de servicios de salud, ha levantado críticas y preocupaciones en Bolivia. El tema de la reciprocidad sanitaria ha sido un punto de discordia anterior entre ambos países, con autoridades bolivianas y argentinas expresando en diversas ocasiones su compromiso con el principio de atención médica gratuita para ciudadanos en situación de emergencia, independientemente de su nacionalidad.
Este cambio en la política de salud de Salta no solo ha impactado a los ciudadanos bolivianos que buscan atención médica, sino que también ha generado un llamado a revisar los acuerdos de reciprocidad y cooperación sanitaria entre Bolivia y Argentina. La medida ha evidenciado la fragilidad de estos acuerdos frente a decisiones unilaterales que afectan a las poblaciones vulnerables y ha resaltado la necesidad de diálogo y cooperación más fuerte entre los dos países para garantizar el acceso equitativo a la salud para todas las personas, independientemente de su origen nacional.
El caso de Salta podría sentar un precedente preocupante para la región, con otras provincias argentinas como Jujuy considerando medidas similares. Mientras tanto, la comunidad boliviana en Argentina y las autoridades en Bolivia observan con preocupación las implicaciones de esta política, esperando una solución que salvaguarde los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el acceso a la salud.
