La diputada masista Rosario García Onofre pidió hace unos días a la Cámara de Diputados
reactivar el proyecto 402-2022-2023, “Ley de regulación de criptoactivos y
tecnología financiera” que fue presentado el 13 de junio de 2023. El motivo: la
crisis económica y la falta de la divisa norteamericana está provocando que más
bolivianos opten por buscar y usar el dólar digital Tether (Usdt) y también
Bitcóin (Btc).
La norma masista pretende regular y controlar
todas las plataformas virtuales de tecnología blockchain, criptoactivos,
exchanges (plataformas de intercambio), wallets (billeteras), etc., desde una
posición estatista, con esa normativa Bolivia estuviera pasando de una postura
de prohibición a una posición de control y vigilancia estatal rígida,
burocrática, policiaca, persecutoria que pondrá trabas y barreras a la
inversión nacional y extranjera a dicho ecosistema criptográfico.
Es burocrática porque crea cuatro
instituciones, no una sino cuatro organismos que se ocuparán de la industria
tecnológica, a saber: 1. Institución de Registro de Plataformas Virtuales y
Traders Institucionales, 2. Institución de Control Fiscal de Criptoactivos y
Tecnología Financiera, 3. Institución de Regulación de Criptoactivos y
Tecnología Financiera, y 4. Institución de Investigación de Nuevas Tecnologías
Financieras, se debe suponer que cada institución contará con sus propias
normativas reglamentarias, requisitos, valorados, licencias, oficinas,
directores, supervisores, asesores, secretarias, que presumimos tendrá
presencia en todos los departamentos, ¿o no?, complicando y volviendo más
difícil lo que fue construido para simplificar la vida del ser humano.
La visión de Satoshi Nakamoto, creador del
Btc, pretendía la eliminación del tercero intermediario, de la burocracia,
banquero, o toda barrera en la transferencia de valor entre dos personas,
apartar al estado y la banca del dinero, con este tipo de leyes se encamina en
dirección opuesta a los fines y objetivos de la libertad económica y filosofía
del Bitcóin.
Las plataformas comerciales virtuales deben
obtener la Licencia Tecnobo de la Institución de Registro de Plataformas
Virtuales y Traders institucionales, no contar con esta licencia es una
infracción gravísima, estas plataformas deben informar de sus operaciones tanto
a la Institución de Control Fiscal de Criptoactivos, como a la Institución de
Regulación de Criptoactivos y Tecnología Financiera, aparte de brindar
información también a la Institución de Control Fiscal de Criptoactivos para
los datos tributarios, después del infierno burocrático entramos al infierno
fiscal. Estas tres instituciones repiten funciones.
Uno puede pensar que estas normas sólo
alcanzarán a las personas jurídicas, empresas grandes y transnacionales, pues
no, cualquier persona que haga trading
(comercio de criptoactivos con fines especulativos en el mercado) debe obtener
Licencia de Autorización de Especulación con Criptoactivos de la Institución de
Registro de Plataformas Virtuales y Traders Institucionales para poder trabajar
de manera profesional en exchanges,
bancos, fondos de inversión, plataformas virtuales, etc., más requisitos, entre
ellos tener título académico como Analista financiero de criptoactivos, como si
esa carrera existiera en Bolivia y en el mundo, estas personas son autodidactas
están en el mercado financiero cripto
sin necesidad de entrar a la universidad, en ese caso, la ley ordena que deben
dar un examen tomado por un burócrata, en caso de que una persona natural opere
como trader institucional sin
licencia estará condenado a multas incluso a privación de libertad. La
ambigüedad de semejante ley en su art. 55 dice que las sanciones se regirán por
la “sana crítica”.
Sin duda, esta ley provocará que los exchanges y plataformas virtuales no
quieran invertir en Bolivia, de entrada, un mercado pequeño poco atractivo, los
traders y bitcoiners buscarán medios de evadir normas e impuestos, mantenerse
en la informalidad por causa de la ley, apelando a la corrupción de
funcionarios que tiene en sus manos la aprobación, retiro, actualización de
licencias y permisos, convirtiendo nuestro país en poco competitivo con
nuestros propios vecinos, mientras otros pueblos como el salvadoreño, han
optado por hacer del Bitcoin una moneda de curso legal, liberando por quince
años todo impuesto a la tecnología, enseñando en las escuelas y colegios el uso
del primer Bitcoin, atrayendo a los criptomillonarios del mundo para que gasten
sus satoshis en el turismo, paguen
meseros, camareras y taxistas de forma libre y voluntaria, eso es libertad
económica.
