Nuevamente entran en la mesa de discusión, sí habrán elecciones judiciales en este 2024 y la tan mentada reforma judicial en el país. Ya lo dije anteriormente en varias columnas de opinión que mientras siga el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder no existirán las mismas porque todo lo dicho y hecho hasta ahora no es más que un show distraccionista.
Si hubo elecciones judiciales en 2011 y 2017, fue simplemente porque el MAS tenía los dos tercios en el Parlamento o Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elegir sin problema alguno a sus magistrados/as masistas que destruyeron y desinstitucionalizaron dicho poder del Estado con graves consecuencias como las que se observa hoy en día.
No hay voluntad política por parte del oficialismo para dar ese giro de 180º porque si no manejan como aparato represor el sistema de justicia con jueces, fiscales y policías, les será imposible consolidar su esquema gubernamental autoritario, puesto que con una justicia imparcial e independiente no existiría abuso de poder como ahora lo ejercen.
Si bien hubo el intento de reformar la justicia con la elección por sufragio universal de las Magistradas y los Magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Resultó que el remedio es peor que la enfermedad. Aspecto que quedó demostrado con las elecciones judiciales realizadas en los años mencionados párrafo arriba fueron todo un fracaso ganando en ambos casos el voto nulo por amplia mayoría y aplazando a las autoridades judiciales de corte masista que postularon en las mencionadas gestiones.
Lo único que está claro es que los magistrados/as autoprorrogados/as se quedarán de manera indefinida en sus cargos ya ilegales e ilegítimos que ostentan actualmente. Hoy vivimos en un gobierno de las salas constitucionales departamentales, teniendo un suprapoder por encima de los otros tres que conforman el Estado boliviano.
Las elecciones judiciales pasadas no fueron la solución esperada para que haya una verdadera reforma al sistema judicial. Se debe ir a una reforma constitucional para suprimir la elección por sufragio universal de las altas autoridades judiciales. El insistir por esta vía nos seguirá llevando a un suicidio colectivo fatal. Y no sé si estaremos en condiciones de darnos el lujo de gastar unos 250 millones de bolivianos aproximadamente que costó la última elección judicial llevada a cabo hace casi siete años y, además, con la tremenda crisis económica que hoy vivimos.
Como sabemos, todo ente es abstracto e invisible. Quien le da vida a una institución son los recursos humanos que la manejan. Entonces la verdadera metamorfosis a la justicia boliviana, estará en aplicar un nuevo cambio de mentalidad en el personal jurisdiccional y administrativo. Si no se logra ese cambio efectivo y eficaz de nada servirán las reformas que se quieran realizar de aquí para adelante. Porque todo seguirá siendo lo mismo con olores nauseabundos a corrupción, retardación de justicia, sentencias judiciales con pago para el mejor postor entre otros males y que se respiran a diario en los pasillos judiciales.
Esa mutación de mentalidad que se debe hacer en los operadores de justicia, abogados/as, fiscales, policías e incluso en la sociedad civil, también debe venir desde las aulas universitarias públicas y privadas. Porque ahí también nace la corrupción entre docentes y universitarios, desde ahí se distorsiona el verdadero y correcto uso del Derecho. La currícula de estudio en las ciencias jurídicas de igual modo debe llevar cambios trascendentales porque la visión del futuro abogado/a está enfocado únicamente en tener la especialidad de litigante pleitista y que tiene que ganar a toda costa un juicio hasta el punto de hacer correr dinero mal habido debajo de la mesa de un juez o jueza a través de intermediarios.
Está demostrado que las elecciones judiciales pasadas no fueron la garantía suficiente para evitar las injerencias políticas, ni tampoco permitió seleccionar personas idóneas y éticas para desempeñar esas altas funciones. A la clase política del oficialismo no le importa reformar de verdad la justicia en el país, lo único que les interesa es tener el control del sistema de justicia para sus fines de manejo del poder de forma absoluta.
A este gobierno ya no le queda tiempo para hacer una reforma judicial y los próximos gobernantes que sean elegidos en 2025 sin duda tendrán el gran desafío de reformar la Constitución Política del Estado (CPE) a través de una Asamblea Constituyente. El soberano desde 2011 ya dijo a la clase política “No estoy de acuerdo con esta forma de elegir a las autoridades judiciales” y en 2017 volvió a repetir ese su mensaje y si existiera el “milagro boliviano” de llevar a cabo unas elecciones judiciales en este año, nuevamente ganarán el “Dr. Nulo” o el “Dr. Blanco”.
