Los empresarios pueden reclamar todo lo que quieran, pero la crisis económica boliviana parece incurable. Luis Arce se resiste a aplicar las recetas ni sugerencias que le ofrecen y mucho más, a recurrir a los ajustes necesarios para evitar el desastre.
En 1985, con una inflación del 20 mil por ciento anual, la situación era radicalmente peor, pero hubo voluntad para salir adelante. No es necesario contratar a un genio de Harvard para reconducir la economía; el conocimiento está al alcance de todos. Ejemplos como el de Milei en Argentina, sin experiencia en política ni administración pública, demuestran que se puede salir del hoyo. El gran problema es que Arce no quiere cambiar, aferrado al esquema dictado desde Cuba, donde la dictadura persiste pese a la hambruna.
La crisis depende de tres factores, dos de los cuales están bajo el control del gobierno: la falta de seguridad jurídica y el acentuado estatismo. El tercer factor, el clima, escapa de su control y sobre todo, de su capacidad.
La inseguridad jurídica desalienta la inversión extranjera, crucial para sectores como hidrocarburos y minería. La prolongación de magistrados ilegales y los avasallamientos de tierras crean incertidumbre. En 2023, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) registró 237 avasallamientos, pero solo se ejecutaron 36 desalojos, afectando la producción agrícola y el desarrollo económico.
El estatismo prioriza la inversión pública sobre la privada, resultando en una normativa obsoleta que frena el desarrollo. Este modelo económico, basado en el control estratégico mediante empresas estatales, regulación de exportaciones, subvenciones y redistribución de la riqueza, es defendido por el gobierno. Los empresarios critican esta ideología, alegando que ha llevado a una economía asistencialista dependiente de bonos y subsidios. La falta de inversión extranjera y una normativa desactualizada han estancado sectores clave.
Desde 2014, Bolivia ha experimentado un desgaste significativo en su modelo económico. La falta de exploración en sectores vitales, junto con un gasto público elevado y endeudamiento considerable, han exacerbado la situación. Entre 2022 y 2023, las exportaciones disminuyeron en $2,500 millones y las reservas en aproximadamente $1,500 millones, presionando el tipo de cambio y deteriorando la economía.
Los empresarios insisten en la necesidad de reformas profundas y mejorar el clima de inversión para evitar que la crisis se vuelva crónica. La crisis boliviana no es necesariamente incurable, pero requiere un cambio significativo en las políticas económicas. La falta de seguridad jurídica y el estatismo pueden ser abordados con reformas de fondo. Si el gobierno se compromete a darle garantía a las inversiones, actualizar la normativa y fomentar la inversión privada, Bolivia podría empezar a salir de la crisis. Sin estos cambios, el futuro económico del país seguirá siendo incierto y preocupante.
