Una semana después de la asonada militar del 26 de junio en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena a lo que consideró un intento de golpe de estado del ejército, con el que se buscaba, a su entender, derribar al gobierno de Luis Arce e instalar un nuevo gabinete.
La entidad hizo un llamado al “inmediato e irrestricto respeto de la institucionalidad democrática, al mantenimiento del orden constitucional y a la protección de los derechos humanos”.
En su comunicado emitido esta tarde, la CIDH describe que el 26 de junio un sector del ejército movilizó vehículos militares para ocupar espacios públicos, específicamente la plaza Murillo con el fin de “derribar al gobierno democráticamente electo e instalar un nuevo gabinete”. Añade que con ese objetivo un tanque tumbó la puerta del Palacio Quemado, que la entidad menciona como sede del Ejecutivo, aunque actualmente ya no funciona como tal ya que la sede presidencial es la Casa Grande del Pueblo, un edificio aledaño.
“Es fundamental el respeto a los derechos humanos, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de derecho y la subordinación de todas las instituciones públicas, incluyendo el Ejército, a la autoridad civil legalmente constituida”, añade la CIDH.
La institución valora también los pronunciamientos de repudio a la insubordinación de varios gobiernos e inclusive la 54 Asamblea de la Organización de Estados Americanos.
El gobierno de Luis Arce califica lo sucedido como un “golpe de estado fallido”. El expresidente Evo Morales consideró que el actual mandatario mintió y engaño al pueblo con su teoría golpista. Desde la oposición también han expresado serias dudas y solicitaron la conformación de una comisión multipartidaria para investigar lo sucedido.
Políticos y expertos consideran que lo sucedido más se asemeja a una insubordinación personal que a un golpe de Estado. Durante la asonada militar solo hubo gasificación a civiles, pero los militares no hicieron ninguna detención, tampoco tomaron oficinas gubernamentales, aeropuertos principales o medios de comunicación públicos. La toma duró dos horas y media, desde las 15:00 hasta las 17:30. El cabecilla de la insurrección, el entonces jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, denunció públicamente que el presidente le pidió hacer el movimiento de tropas para levantar su popularidad. El mandatario negó enfáticamente la sindicación del “autogolpe”.
