Un nuevo hecho de cobros irregulares fue develado por el concejal de Comunidad Autonómica (C-A) Juan Carlos Medrano, quien alertó a agentes de la policía para que realicen la aprehensión de un funcionario de la alcaldía de Santa Cruz, que presuntamente cobraba la suma de 2 mil dólares por cada contrato en el área de salud a dos víctimas.
Medrano cuestionó que de los 13 casos de corrupción que ha descubierto solo uno tuvo sentencia. "Él ha reconocido que es funcionario de la alcaldía y viene acá para cumplir con otro trabajo en horas de la tarde. Le cobró a cada uno dos mil dólares equivalentes a 14.000 bolivianos, es más, ha reconocido que había una tercera persona que ya ingresó a trabajar a la alcaldía. Le preguntamos dónde está la plata y dice que se la dio a otros funcionarios; no quiere dar el nombre; está protegiendo a otra persona", aseguró.
Detalló que las víctimas llevan seis meses esperando el trabajo ofrecido en salud y tuvieron que prestarse el dinero para poder pagar el dinero exigido para obtener los contratos.
El sujeto fue llevado a dependencias de la DELCC en la zona del Plan 3000.
"Ya son 13 personas que hemos enviado a Palmasola a raíz de las investigaciones que he hecho como concejal. No sabemos si la justicia va a determinar detención preventiva para este doctor y si así fuera, sería el número 14 que estamos enviando a Palmasola", precisó.
Añadió que este médico contactaba a sus víctimas a través de amigos. Y el depósito fue ejecutado por los afectados, en efectivo, a su cuenta bancaria personal. "Tenemos el chat, tenemos los comprobantes, por lo tanto estamos hablando de un delito que ha sido consumado. Esperamos que la justicia haga lo correcto y que de una vez por todas nos diga si es que va a sentenciar en algún momento a alguno de estos funcionarios que son investigados o los va a dejar simplemente con detenciones domiciliarias", cuestionó. Precisó que el acusado trabaja en el DM 10 y se investigará qué cargo tiene.
Hace unos días el concejal opositor, Manuel Saavedra también destapó otro caso de un cobro irregular en el que estaba implicada una funcionaria municipal quien pidió Bs 1.200 para acelerar el trámite de una licencia de funcionamiento. En este hecho el pago irregular se hizo en la Quinta Municipal, principal edificio administrativo y de atención al público de la alcaldía.
