La contaminación minera ha llegado a los cuerpos de los habitantes de tierras altas, causando graves daños a la salud, según estudios de laboratorio realizados a los pobladores de San Agustín de Puñaca (Oruro) y Cantumarca (Potosí). Pese a esta situación, el Estado incumple sentencias constitucionales nacionales y recomendaciones internacionales que ordenan restaurar los territorios afectados y garantizar la salud de los afectados.
Esa realidad ha sido expuesta el jueves pasado en el programa Sumando Voces en Directo, del que participaron la delegada defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, que hace seguimiento al caso de Cantumarca; y el director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), Sergio Vásquez, que apoya a los pobladores de Puñaca.
En el caso de Cantumarca, un estudio aplicado a 116 personas estableció que el 86% presenta plomo en la sangre. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia para que las autoridades procedan a cerrar los diques de cola de las lagunas Pampa 1 y Pampa 2 y que restaure esos territorios hasta el 29 de junio de este año, pero la orden no ha sido cumplida.
“Lo que establece esta sentencia es que se tiene que suspender el trabajo de estos dos diques de colas (…) El mes pasado se ha solicitado un informe tanto al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Garantías de Potosí y también al Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí para que nos informen de manera formal, cuánto ha sido el avance de estos cierres, sin embargo, a priori se puede ver que no se ha cumplido la sentencia porque todavía no ha habido el encapsulamiento y la recuperación de estos lugares”, explicó Alarcón.
En cuanto a salud, la Defensoría está coordinando acciones con el Sedes y otras instituciones para que los afectados sean atendidos y para que alguien se haga cargo de los costos de un segundo estudio a los habitantes de Cantumarca. Al principio, nadie se daba por aludido, contó Alarcón.
En el caso de San Agustín de Puñaca, el Tribunal Constitucional ordenó al Gobierno la realización de un estudio que, si bien fue encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, éste se limitó a analizar el agua y no así los impactos en la salud de la gente. Es más, el estudio concluye que hay contaminación, pero que no es atribuible a “la mano del hombre”, sino a fenómenos “naturales”.
“La sentencia prácticamente ordena que además de los estudios (del agua), se verifique si es apta para consumo humano, para uso agropecuario y adicionalmente, lo más importante, que se identifique o se constate el grado de daño que se puede estar haciendo en la salud. Esta sentencia no está siendo cumplida, ha sido incumplida”, dijo Vásquez.
CENDA rechazó esas conclusiones y por eso apoyó a los comunarios para que se sometan a un estudio de salud, el cual determinó que, de 20 personas analizadas, el 100% presenta arsénico en concentraciones superiores en 10 y hasta en 15 veces más de lo permitido por la Unión Europea. El 10% registró cadmio en sus cuerpos y el 5%, plomo.
Este caso, además, es de conocimiento de la CIDH, que recomendó al Estado tomar acciones para restaurar los territorios contaminados, tanto en el Informe País, como en el reporte que emergió de la visita in loco realizada a Bolivia el año pasado. Por otro lado, la semana pasada, la CIDH atendió el caso en una audiencia pública en la que instó al Estado a dar cumplimiento con las recomendaciones.
En la misma audiencia, el Gobierno afirmó que cumplió con las recomendaciones al encargar el estudio de la contaminación y, sobre el agua, dice que su dotación es competencia del Gobierno Municipal de Poopó.
Consecuencias peores
Vásquez considera que si no se hace nada respecto a la contaminación en San Agustín de Puñaca, cuatro comunidades podrían desaparecer y, en ese caso, estaríamos frente a “un etnocidio”.
Por eso, no descarta que el siguiente paso sea recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte (IDH) “porque de ninguna manera vamos a permitir que una sentencia constitucional quede sin su cumplimiento efectivo”.
Y, en Potosí, “estamos trabajando en precisamente en salud, que es lo que ahora estamos tomando como prioridad, para que posteriormente veamos las acciones, si se requieren internacionales”, señaló Alarcón.
Niños y mujeres, los más afectados
La contaminación minera ha causado efectos más severos en mujeres y niños. En Puñaca, según los estudios de CENDA, de las 20 personas analizadas, 11 son mujeres, de las cuales, siete han sufrido abortos a lo largo de su vida, incluso algunas de ellas han pasado por hasta tres interrupciones de embarazos.
Entre tanto, el estudio de Cantumarca se aplicó a 116 personas, de las cuales, 23 eran niños. El resultado, además de detectar presencia de plomo en sus cuerpos, estableció que los pequeños tienen problemas de aprendizaje.
“Se ha hecho inclusive un estudio de aprendizaje en los niños de una escuelita que está en la zona de Cantumarca, donde se ha visto grados de desnutrición, pero también un problema en el aprendizaje. El plomo afecta al sistema nervioso, a los huesos y hay mucha probabilidad de que de esto produzca el cáncer”, dijo la representante defensorial.
Los responsables estatales y privados
Según Vásquez y Alarcón, diversas instituciones del Estado son las encargadas de hacer cumplir las sentencias constitucionales, mientras que los responsables de la contaminación son también empresas estatales y privadas.
En el caso de Cantumarca, las entidades encargadas de hacer cumplir la sentencia son la Secretaría Departamental de la Madre Tierra (Gobernación) y el Ministerio de Medio Ambiente, pero “lastimosamente toda la normativa tanto minera, como ambiental parecería que es muy favorable al trabajo minero”, indica Alarcón.
Respecto a los que provocan la contaminación, Alarcón identifica a la Asociación de Ingenios, que agrupa a más de 20 empresas, pero también a los residuos de San Miguel, que pertenece a la estatal Comibol.
En Puñaca, la contaminación es atribuible a la Empresa Estatal de Huanuni y a unas 40 cooperativas que existen en la zona, pero lo más importante, dice Vásquez, es que faltan acciones específicas para resolver el problema.
“Tenemos que seguir luchando y seguir exigiendo que el Estado asuma su rol, sea garante y garantice los derechos que están establecidos en la Constitución y que si no tienen las condiciones, la capacidad, los actuales funcionarios que renuncien y que se vayan a su casa”, afirma Vásquez.
