La libertad de prensa en Bolivia enfrenta una nueva amenaza debido a la intención del Ministerio de Gobierno de Bolivia de buscar en los periodistas que cubrieron los hechos de la Plaza Murillo, fuentes para sustentar el supuesto intento de golpe de Estado liderado por el general Juan José Zúñiga.
La convocatoria a un desayuno-trabajo, especialmente dirigida a los periodistas palaciegos, ha sido denunciada como un intento de vulnerar la libertad de prensa, ya que no respeta los principios de un gobierno que valore la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia. Además, incumple las garantías establecidas en normas internacionales y nacionales que prohíben cualquier tipo de censura o autocensura, ya sea social, política o económica, y que protegen la libertad de expresión contra violaciones por parte de autoridades y otras entidades que puedan disminuir, restringir o anular el ejercicio de la libertad de prensa, información y opinión. Estas garantías están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 13) y en la Constitución Política del Estado (art. 21, numerales 3, 5 y 6, y art. 107).
La convocatoria a los periodistas tampoco
se ajusta a la lógica de lo que en Derecho se llama "verdad histórica de
los hechos", ya que el general Zúñiga atacó con su tanqueta las puertas
del Palacio Quemado, donde solo residen algunos guardias del Batallón Colorados
de Bolivia. Desde agosto de 2018, el Órgano Ejecutivo, es decir, el presidente
Luis Arce y sus principales ministros, trabajan en la Casa Grande del Pueblo.
Según Wikipedia, un golpe de Estado (en
francés, coup d"État) es la toma y destitución ilegal del gobierno y los
poderes de un Estado por parte de una facción política, un partido, una secta,
un grupo rebelde o militar. Aunque el concepto de golpe de Estado ha existido
en la política desde la antigüedad, la frase es relativamente reciente y no
apareció en textos ingleses antes del siglo XIX, excepto en traducciones de
fuentes francesas.
Se distingue de revuelta, motín,
rebelión, revolución o guerra civil. Estos términos suelen utilizarse con poca
propiedad o con intenciones propagandísticas, y en el curso de los hechos
históricos, se combinan entre sí. Politólogos ingleses de la Universidad de
Cambridge, como Naman Karl y Thoms Habtom, han desarrollado la teoría de que
cuando los golpes de Estado fracasan, se utilizan para elevar la imagen de los
líderes políticos que se pretendía derrocar.
Desde 1946, Bolivia ha experimentado 38
golpes de Estado, entre los exitosos, los fracasados y los conspiraciones
frustradas, según datos del Centro Cline de Investigación Social Avanzada de la
Universidad de Illinois, citados por CNN. Sin embargo, algunos medios de
comunicación hablan de 200 casos, cifra que es negada por el expresidente e
historiador Carlos Mesa en su libro "Urnas y fusiles".
Lo cierto es que se han acortado mandatos presidenciales, como en 1985 con Hernán Siles, en 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2019 con Evo Morales, quien fue obligado a renunciar por una rebelión popular tras denuncias de fraude avaladas por la OEA. Esta última situación fue calificada como "golpe de estado" por el gobierno socialista. No hay necesidad de citar a ningún periodista, ya que todo lo que saben se encuentra en sus crónicas públicas y en las imágenes difundidas. El resto es un intento de golpe a la libertad de prensa y de expresión.
