La Organización de Estados Americanos no pudo
llegar el miércoles a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas
a publicar “inmediatamente” los resultados de las elecciones que dieron por
ganador a Nicolás Maduro, tras varios días de críticas por falta de
transparencia de organismos internacionales y líderes de la región como sus
aliados Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió en
sesión extraordinaria el miércoles para abordar una resolución, que finalmente
no fue aprobada, con la que se instaba a Venezuela a que publicara los datos de
la votación del domingo y a verificarlos en presencia de observadores
internacionales.
La convocatoria se dio un día después de que
el secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgiera a Nicolás Maduro a
reconocer su derrota en los comicios presidenciales o a convocar a una nueva
elección.
Brasil y Colombia, cuyos líderes habían
exigido transparencia a la autoridad electoral en los últimos días, se
abstuvieron. México ya había anticipado que no estaría presente.
Un total de 17 miembros del Consejo Permanente
de la OEA votaron a favor, 11 se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes, entre
ellos Trinidad y Tobago y la propia Venezuela, además de México.
También se abstuvieron Bolivia y Honduras,
entre otros. A favor de la resolución votaron Argentina, Canadá, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, y Estados Unidos, entre
otros. No hubo votos en contra.
La reunión del Consejo Permanente de la OEA
tuvo lugar en momentos en que la comunidad internacional ha incrementado sus
críticas al proceso electoral y le ha pedido a Maduro y a las autoridades
electorales venezolanas que muestren las actas de las elecciones celebradas el
domingo.
La presión extranjera fue incrementándose
luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el lunes
oficialmente presidente a Maduro, en su segunda reelección para un tercer
mandato de seis años, después de difundir resultados que daban al mandatario la
victoria electoral con 51% de los votos frente a 44% del candidato opositor
Edmundo González.
Miles de opositores han salido a las calles de
Venezuela a protestar contra este resultado.
La oposición, liderada por María Corina
Machado y González, sostiene que ha ganado los comicios por un margen
sustancial y reclama a las autoridades la publicación de las actas electorales.
Gobiernos que representan un amplio espectro
político, desde la izquierda a la derecha, se han sumado a los reclamos,
incluyendo a Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros.
La sesión se realizará en la sede de la OEA en
Washington y fue convocada por una docena de países: Argentina, Canadá, Chile,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay. México ha mantenido una posición crítica y
anticipó horas previas al inicio que no acudiría.
Un día antes la oficina del secretario general
de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que dijo que “resulta
imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la
oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral”. De no hacerlo,
indicó, "sería necesaria la realización de nuevas elecciones” con
observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA y nuevas autoridades
electorales “para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que
plagó este proceso”.
Venezuela resolvió hace años retirarse
unilateralmente de la OEA, pero aún así Almagro y el Consejo Permanente del
organismo han abordado en reiteradas oportunidades la situación del país bajo
el argumento de que así ayudan con la democracia en el hemisferio.
Almagro ha sido muy crítico de Venezuela y
otros países como Nicaragua y Cuba.
El gobierno de Maduro no le permitió a la OEA
enviar a una delegación de observadores para que presenciaran los comicios.
Sólo un puñado de expertos extranjeros fue autorizado: una pequeña misión de
las Naciones Unidas y otra del Centro Carter, una institución no gubernamental
estadounidense que promueve la democracia.
El Centro Carter dijo el martes en la noche
que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de
Venezuela y señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la
difusión de los resultados.
El gobierno de Perú, en tanto, ha reconocido
al opositor Edmundo González como presidente electo legítimo de Venezuela y el
canciller Javier González-Olaechea dijo que Maduro es “una persona que desea
por la vía de la dictadura perpetuarse en el poder”.
Tras ese pronunciamiento, el gobierno
venezolano resolvió romper relaciones diplomáticas con Perú.
Asimismo, después de que Argentina, Chile,
Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay criticaron la falta de
transparencia del proceso electoral, el gobierno venezolano ordenó regresar a
todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo
con su personal en Venezuela.
El gobierno argentino ha manifestado su
preocupación por la situación de seis integrantes del equipo de Machado y
González asilados en su embajada en Caracas. Argentina es uno de los siete
países de la región a los que Venezuela dio un plazo de 72 horas para desalojar
sus sedes diplomáticas.
La canciller de Argentina, Diana Mondino,
expresó el martes en la noche que se encontraba en “camino a OEA para defender
los valores de la democracia y libertad en todo Latinoamérica”, luego de que la
víspera el presidente Javier Milei encabezara una reunión de gabinete en la
casa de gobierno que tuvo como eje principal los comicios en Venezuela.
El presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena no estará en el encuentro. “No
vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad
de la OEA”, afirmó durante su conferencia matutina diaria.
El mandatario mexicano arremetió contra lo que
consideró “injerencismo” extranjero en Venezuela pero reiteró que debe haber
transparencia en los resultados y, si hay quejas, que se diriman en los
tribunales.
“Lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y una cosa que es muy importante… que no haya violencia”, agregó.
