El reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Bolivia revela una realidad alarmante: el 41,26% de las mujeres detenidas en el país están involucradas en delitos de tráfico de drogas. En total, 2.150 mujeres están recluidas en 11 cárceles, de las cuales el 65% se encuentra en detención preventiva sin una sentencia firme, y el 55,3% está en condiciones de alta vulnerabilidad, incluyendo madres, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.
El informe destaca un fenómeno persistente: el tráfico de drogas ha sido una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres durante más de una década, alcanzando un pico en 2012, cuando el 56% de las detenciones femeninas estuvieron relacionadas con sustancias controladas.
El manejo de la justicia en Bolivia resulta particularmente severo con las mujeres. Mientras que los verdaderos responsables del narcotráfico, sicarios peligrosos y “peces gordos” siguen libres en las calles, estas mujeres reciben castigos desproporcionados. Atrapadas a menudo en situaciones desesperadas, enfrentan condenas severas que no siempre corresponden a la magnitud del delito cometido.
Además, las condiciones carcelarias son precarias. La falta de infraestructura adecuada y el hacinamiento agravan la situación de las reclusas. Solo cuatro de los 21 centros penitenciarios del país cuentan con espacios exclusivos para mujeres; en los demás, las secciones femeninas están integradas en cárceles de varones.
El narcotráfico explota a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, reclutándolas para transportar drogas. Muchas de ellas, en condiciones económicas extremas, son engañadas o presionadas para convertirse en "mulas" o "tragonas", enfrentando riesgos extremos y condiciones de vida deplorables. Las promesas de grandes sumas de dinero por llevar droga desde Bolivia a países como Chile resultan en condenas severas y, a menudo, en una vida de sufrimiento y desolación.
En el norte de Chile, donde la pobreza y la falta de oportunidades son rampantes, la cárcel de Alto Hospicio se ha convertido en un símbolo de esta tragedia. Este centro penitenciario alberga a más mujeres bolivianas que chilenas, muchas de las cuales enfrentan una doble discriminación: por ser extranjeras e indígenas.
El sistema judicial en América Latina tiende a ser más duro con las mujeres que con los hombres, aplicando penas con una rigurosidad que no siempre toma en cuenta las circunstancias personales y las presiones a las que estas mujeres han sido sometidas. En muchos casos, las internas bolivianas en Brasil y Chile han sido tratadas con más severidad que sus contrapartes masculinas, reflejando un sistema penal que, en lugar de ofrecer justicia, perpetúa el ciclo de explotación y sufrimiento.
