Primer mundo

Aunque el gobierno ha dado pocos detalles, ha aprobado un decreto que permite a gobernaciones y municipios concesionar la construcción de obras públicas, una prerrogativa anteriormente reservada a los servicios. La concesión de una obra pública otorga a una empresa o entidad privada el derecho de construir, operar y mantener una infraestructura (como una carretera, aeropuerto, puente o hospital) durante un período determinado. A cambio, la empresa puede recibir ingresos de la explotación de la obra (como peajes o tarifas) o un pago directo del Estado. Este mecanismo permite al gobierno delegar la ejecución y gestión del proyecto, mientras el concesionario asume los costos de construcción, operación y mantenimiento. Al término del período de concesión, la infraestructura puede regresar al Estado. Este modelo, común en países desarrollados, garantiza obras de alta calidad y bajos índices de corrupción, siempre y cuando exista seguridad jurídica. No es apto para contextos donde las leyes cambian por presión política o donde movimientos sociales podrían sabotear el proyecto, como quemar un puesto de peaje para evitar el pago.