Aunque el gobierno ha dado pocos
detalles, ha aprobado un decreto que permite a gobernaciones y municipios
concesionar la construcción de obras públicas, una prerrogativa anteriormente
reservada a los servicios. La concesión de una obra pública otorga a una
empresa o entidad privada el derecho de construir, operar y mantener una
infraestructura (como una carretera, aeropuerto, puente o hospital) durante un
período determinado. A cambio, la empresa puede recibir ingresos de la
explotación de la obra (como peajes o tarifas) o un pago directo del Estado.
Este mecanismo permite al gobierno delegar la ejecución y gestión del proyecto,
mientras el concesionario asume los costos de construcción, operación y
mantenimiento. Al término del período de concesión, la infraestructura puede
regresar al Estado. Este modelo, común en países desarrollados, garantiza obras
de alta calidad y bajos índices de corrupción, siempre y cuando exista
seguridad jurídica. No es apto para contextos donde las leyes cambian por
presión política o donde movimientos sociales podrían sabotear el proyecto,
como quemar un puesto de peaje para evitar el pago.