El gobierno de Luis Arce finalmente
parece estar comprendiendo el rumbo que debe tomar para evitar una crisis de
gran envergadura y ha comenzado a implementar medidas que generan ciertas
expectativas.
La más reciente es la liberación de la
importación de diésel, una engorrosa operación que hasta ahora estaba reservada
solo para un grupo limitado de empresas. Con esta acción, Arce ha reconocido
implícitamente que el abastecimiento de combustibles se le ha salido de
control. Las largas filas en las estaciones de servicio persisten desde hace
meses y las autoridades ya no encuentran qué excusas inventar, hasta que
finalmente han decidido permitir que cualquier empresa privada pueda adquirir
el carburante según su necesidad.
Es de esperar que las autoridades cumplan
con su promesa de reducir el tiempo del trámite a cinco o diez días, cuando
actualmente toma más de un año. También es crucial que se combata la corrupción
dentro de la policía, donde mafias persiguen y chantajean a los productores que
dependen del diésel, utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico.
En los últimos días, el gobierno también
ha reducido los aranceles de varios productos, ha autorizado a alcaldías y
gobernaciones a realizar concesiones a empresarios privados para ejecutar obras
públicas y ha avanzado en las negociaciones para aprobar el uso de semillas
transgénicas en diversos cultivos. Dado que está en una dinámica de buscar
soluciones, Arce no debería perder más tiempo, ya que solo se requiere voluntad
política. Es cuestión de abandonar la absurda obstinación ideológica. No
obstante, hay una advertencia clara: ninguna de estas medidas será efectiva si
no se garantiza la seguridad jurídica, el talón de Aquiles de este régimen y
uno de los principales factores que agravan la crisis.
Un tema que no requiere de grandes
esfuerzos, pero en el que el gobierno podría avanzar con decisión, es la lucha
contra los avasallamientos de tierras, el respeto irrestricto a la propiedad
privada y el cese de hostilidades hacia los productores agropecuarios.
Asimismo, se debería liberar de una vez por todas las exportaciones, la única
fuente significativa de divisas para el país, pues la economía estatal está en
ruinas y sin perspectivas de recuperación.
A lo mejor puede hacerlo, pero solo sería
posible si desmonta todo el aparato jurídico anti-inversiones, anti-empresa y
anti-capitales que ha erigido el Estado Plurinacional, cuyo modelo económico es
decididamente autodestructivo. En lugar de presionar a la Asamblea Legislativa
para que le apruebe créditos insignificantes frente a las gigantescas
necesidades del país, Arce debería proponer un plan legislativo que desmonte
este entramado que busca cubanizar Bolivia. Las recientes acciones del presidente
parecen indicar que ese no es su objetivo, por lo que solo falta que se decida
a actuar.
Si de verdad desea salvar al país del colapso, Arce deberá desmantelar el gigantesco aparato burocrático que ha creado, el cual devora casi todo lo que producimos los bolivianos sin ofrecer ningún beneficio. Las empresas estatales deficitarias, los planes de estatización y esa angurria por acapararlo todo son el lastre que debe eliminar si el objetivo es evitar la muerte de Bolivia.
