El gobierno de Luis Arce ha declarado
emergencia nacional por los incendios forestales que han arrasado más de cuatro
millones de hectáreas, principalmente en la Chiquitanía. Esta decisión llega de
manera tardía, cuando la devastación es casi irreversible y los esfuerzos para
controlar el fuego resultan insuficientes. El patrón de respuesta del régimen
masista,que dice ser ecologista, es repetitivo: arrogancia y resistencia a
mostrar debilidad. A pesar de la magnitud del desastre, se ha demorado en
solicitar ayuda internacional. Esta negativa, basada en un aparente temor de
admitir incapacidad, impide que se tomen medidas eficaces y a tiempo. La
realidad es que el país enfrenta un problema que las autoridades nacionales no
pueden, ni quieren, resolver por sí solas. Aunque se mencionan gestiones para
recibir apoyo externo, la demora pone en evidencia la falta de previsión y
voluntad política del gobierno, cuyas decisiones reactivas llegan cuando el
daño ya es devastador. El costo ecológico y social es inmenso y queda en duda
la capacidad del gobierno para evitar que estas tragedias se repitan en el
futuro.