La violencia criminal volvió a tomar fuerza en
Ecuador, con dos directores de cárceles asesinados en nueve días, la última de
ellos a cargo de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande, poblada y
peligrosa del país; en el marco de una disputa que desde inicios de año enfrenta
el presidente, Daniel Noboa.
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Al menos tres directores de prisiones fueron asesinados en este 2024, un año marcado por la "mano dura" con la que Noboa militarizó los centros penitenciarios más conflictivos del país para arrebatar el control de estas a las bandas criminales que, en algunos casos, habían convertido estos edificios en sus propiedades.
El primero fue Damián Parrales, director de la cárcel de El Rodeo, de la ciudad de Portoviejo, capital de la costera provincia de Manabí, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum convocado por el presidente para aprobar una serie de reformas, entre ellas varias destinadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el control en las prisiones.
A inicios de septiembre corrió la misma suerte
Álex Guervara, director de la cárcel de Lago Agrio, en la amazónica provincia
de Sucumbíos -fronteriza con Colombia-, quien fue cruelmente acribillado por
hombres armados mientras se trasladaba en un vehículo.
En circunstancias similares fue asesinada este jueves María Daniela Icaza, la máxima autoridad de la Penitenciaría del Litoral, situada en la ciudad de Guayaquil, cuando se trasladaba a un hospital.
Por el crimen de Icaza, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación en la cual hasta el momento no se reportaron oficialmente novedades, más allá de aclarar que la persona que acompañaba a la funcionaria no era ningún escolta.
"Aún nadie nos ha llamado siquiera a
decirme "lo siento" por parte del Gobierno", lamentó el hermano de la
víctima el jueves.
"Y está bien, no debería esperar nada de aquellos que no hicieron algo por precautelar su vida. Gracias, Daniel Noboa. Todo está bien. Ecuador está "mucho mejor"" ironizó, para luego enfatizar: "Quiero que sepan que Daniela era íntegra, jamás se entregó a lo que el dinero podría dar, ella solo hacía".
Hasta el momento, ni Noboa ni ninguna autoridad del Gobierno se pronunciaron sobre este último atentado, más allá de las condolencias expresadas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.
Además de los tres directores de cárceles asesinados, también fueron víctimas mortales guardias carcelarios de distintas prisiones durante el transcurso de 2024.
Pese a que las masacres carcelarias de los últimos años parecen haber terminado, los funcionarios de prisiones continúan siendo uno de los objetivos de las bandas criminales que, hasta inicios de 2024, controlaban los recintos carcelarios.
La militarización de las prisiones ordenada por Noboa en el marco del estado de excepción y "conflicto armado interno" declarado contra el crimen organizado dio paso a unos meses de aparente estabilidad en las cárceles, pero no en sus alrededores, especialmente en zonas donde determinadas bandas criminales operan.
La entrada de los militares a las cárceles no estuvo libre de denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos contra la población carcelaria, así como una grave situación humanitaria, al quedar temporalmente numerosas prisiones sin proveedor de alimentos.
En el caso de la Penitenciaría del Litoral, se
encuentran recluidos más de 6.000 presos, que son más de la mitad de los
alrededor de 12.000 del complejo carcelario de Guayaquil, compuesto de cinco
prisiones.
Entre 2021 y 2023, más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en esta serie de matanzas por enfrentamiento entre bandas criminales rivales que se disputaban además el control interno de las cárceles.
