El estado boliviano se ha convertido en
una entidad que no toma decisiones efectivas para enfrentar la crisis económica
que atraviesa el país. No sólo es incapaz de brindar servicios mínimamente
decentes, como educación, salud o justicia, sino que tampoco puede cumplir con
la tarea fundamental de proteger el medio ambiente, como lo demuestran los
catastróficos incendios que devastan los bosques del oriente boliviano.
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En lugar de ser un facilitador para la resolución de problemas, el estado es una carga que cobra impuestos que la gente no puede pagar y por eso crece la informalidad. Controla la justicia y destruye la economía, todo mientras justifica su existencia a través de la violencia y el monopolio de la fuerza. Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿se justifica este lastre que impide el despegue de la sociedad?
En estas condiciones, el estado no sólo es innecesario, sino que es perjudicial para el desarrollo de la sociedad porque distorsiona los incentivos para generar riqueza, al confiscar bienes privados mediante impuestos y ofrecer servicios caros e ineficientes.
El aparato estatal no puede generar valor, sino que lo destruye. Incluso si el estado pretendiera ofrecer los mismos servicios que el mercado, lo haría a un costo más alto debido a la ineficiencia de su proceso de recaudación y administración. El problema no es sólo económico, sino también moral: el estado viola los derechos de propiedad e impide que los privados puedan desarrollar todo su potencial, crear más producción y trabajo.
En el caso boliviano, esto es evidente en un aparato burocrático gigantesco, que no es capaz de resolver los problemas estructurales del país, pero sigue perpetuando su existencia mediante la coerción. En los hechos, la maquinaria estatal lo único que consigue es acentuar su condición parasitaria que extrae recursos y destruye oportunidades para los ciudadanos.
A la luz de estas consideraciones, ¿se justifica la existencia del estado? En un contexto donde las libertades individuales y los derechos de propiedad se ven continuamente vulnerados y donde el aparato estatal se perpetúa mediante la violencia y la coacción, es difícil sostener que el estado boliviano actual tenga una justificación legítima. Por el contrario, parece ser un obstáculo para el desarrollo y el bienestar, un vehículo de explotación que favorece a una clase burocrática que se nutre del esfuerzo ajeno.
El estado, tal como está constituido, no sólo es innecesario, sino dañino. En lugar de proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos, el estado se ha transformado en una entidad que obstaculiza el crecimiento, la libertad y el bienestar. Su reducción radical parece ser la única solución viable para liberar a la sociedad boliviana de las cadenas de un sistema que, lejos de servir a los ciudadanos, ha demostrado ser un obstáculo para el progreso.
En lugar de proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos, el estado se ha transformado en una entidad que obstaculiza el crecimiento, la libertad y el bienestar. Su reducción radical parece ser la única solución viable para liberar a la sociedad boliviana de las cadenas de un sistema que, lejos de servir a los ciudadanos, ha demostrado ser un obstáculo para el progreso.
