Las elecciones judiciales podrían ser otro intento porfiado de reducir el desprestigio que el Poder Judicial arrastra desde hace tiempo. Sin embargo, parece que solo será una simple sustitución de personas.
A pesar de la expresión democrática que representa votar, desde ya existe apatía, frustración y desencanto. Según la opinión de muchos, esa elección no servirá para lograr el pretendido propósito de mejorar la administración de justicia.
La justicia en un juicio se manifiesta en lo que decide el juez: el juez es la justicia. Para que esto sea una expresión de verdad, se necesita sabiduría, pues el solo conocimiento no basta; principios morales, autonomía, independencia e imparcialidad. Es necesario que el juez esté blindado contra la constante influencia de los políticos, resista la presión de abogados incitadores que nunca faltan, y rechace las tentaciones que provienen de litigantes corruptores. Se requiere un juzgador a toda prueba, que rehúse con firmeza las instrucciones de ministros, parlamentarios y movimientos sociales, dejando claro en todo momento que lo que prima son los principios morales: juzgar con probidad.
Si no es así, es difícil abrir una esperanza para una administración de justicia sin mácula en todo momento. Sería una pérdida de tiempo y dinero, un abuso a la credulidad del pueblo, induciéndolo a creer en algo que no podrá ser.
Además, los países integrantes del Socialismo del Siglo XXI se ven obligados, sin alternativa, a someter los Poderes del Estado al dominio de un solo poder: el Poder Ejecutivo, tal como sucede en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y se intenta en Colombia y Chile, aunque hasta ahora sin resultados visibles.
Asimismo, si los abogados se postulan bajo el patrocinio de una sigla política, aumenta la duda sobre su idoneidad como magistrados: ya tienen amos a quienes servir y obedecer. Por tanto, exigir la independencia de poderes no es tarea fácil: es luchar arduamente, como queriendo dejar surcos entre las olas del mar.
A pesar de tanto obstáculo, queda la expectativa –aunque más bien parece un deseo reprimido– de que los nuevos magistrados inicien una nueva versión de hombres y mujeres decididos a cambiar la imagen de la justicia, a lavarle la cara, a desechar la toga sucia que huele a dinero, impregnada de soborno y corrupción. Porque el primer cambio está en la voluntad de cada magistrado, en la decisión de cada juez, lo cual es un paso indispensable para iniciar cualquier reforma. A veces se quiere dar a entender que no existirán jueces intachables mientras no se dicten nuevas leyes.
El consuelo también podría ser que saldrán los ilegítimos (llamados "autoprorrogados") y con ello termine el infamante papel de los actuales impostores ("Nadie puede ser juez en causa propia"). Lo importante es que se vayan tan pronto como sea posible.
No se sabe a ciencia cierta qué cambios traerán los nuevos, si sus actuaciones serán reivindicadoras o peores que las de los actuales; pues, como se ha visto, la corrupción no tiene límites. Sin olvidar que, en el instante de aceptar la "mordida" y de negociar el cohecho, la decisión recae en el magistrado o el juez. Que sean buenos jueces es la expectativa, como un sentimiento de agobio por encontrar justicia en un ambiente donde el acto justo resulta extraño.
Porque ninguno de los elegidos entregará en garantía una "póliza para juzgar bien", no se han tomado exámenes de ética ni pruebas de honestidad. Después de las chicanerías propias de la política sucia, el intento estará consumado; el voto consigna prevalecerá entre los electores, y la farsa tendrá lugar el primer día de diciembre.
