"Se impuso el sentido común". Esa fue la primera reacción de los trabajadores de los sectores de salud y educación cuando, primero la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, decidieron eliminar del proyecto de ley No. 035 el artículo que establecía la jubilación forzosa a los 65 años para los trabajadores bolivianos.
El proyecto de modificación de la Ley 065 resultaba discriminatorio, ya que excluía a las autoridades electas o de libre nombramiento. En un país donde los expresidentes de Estado reciben más de Bs. 22.000 de sueldo, los militares y policías se jubilan con el 100% de su salario, y los mineros con Bs. 6.000, los "trabajadores normales" se retiran con apenas el 30% de su sueldo. Por ejemplo, en el caso de un docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la jubilación no supera los Bs. 3.000.
Además, la medida era inconstitucional. La Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, según los artículos 14 y 45, bajo el principio de protección a los trabajadores como la principal fuerza productiva de la sociedad (art. 48). El artículo 67 también establece que "todas las personas tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana". Existen diversas sentencias constitucionales que han sentado jurisprudencia en contra de la jubilación forzosa, entre ellas la 0037/2016-S1 del 7 de enero, la 0015/2020-S3 del 11 de marzo y la 1035/2014 del 9 de junio, que la declaran inconstitucional, reafirmando el principio de que la CPE es la norma suprema del Estado (art. 410).
Esta victoria fue un logro de los trabajadores, tras una dura batalla que se prolongó casi un año, con médicos, profesores y docentes universitarios manifestándose en las calles y exigiendo en la Cámara de Diputados que la normativa no fuera aprobada.
No obstante, la lucha contra la jubilación forzosa ha sido solo una batalla ganada. Ahora queda enfrentar a la Gestora, el verdadero problema de fondo. Desde 2009, la Gestora ha sido motivo de interés del gobierno socialista de Evo Morales, y hoy, bajo Luis Arce, se ha designado a un gerente de manera discrecional para manejar y administrar los aportes de los trabajadores, a pesar de que el artículo 147 de la Ley 065 establece que esta debe ser dirigida por un directorio compuesto por un presidente y cuatro directores seleccionados por ternas aprobadas por 2/3 de los votos de los presentes en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, esto no ha sucedido. El Órgano Ejecutivo, que no aporta ni un centavo al Fondo de Pensiones, está a cargo de la administración de nuestros ahorros, dejando a los trabajadores, verdaderos dueños de esos recursos, en una situación incierta. En otras palabras, estamos dejando que el "ratón cuide el queso", que asciende a $us 24.000 millones acumulados en las AFP hasta 2023, fondos que se deducen de nuestros sueldos. Este 2024, la institución ha comprado bonos del Estado y del Tesoro General de la Nación por Bs. 2.300 millones.
Y como dice el refrán: "La edad no importa, a menos que seas un queso". Aquí hay un queso grande y jugoso que poco a poco está siendo devorado por el gobierno de turno, ya que es la única fuente de fondos disponible en un país que, además, perderá 875 millones de dólares con la finalización del contrato de venta de gas con Argentina.
