Desde mediados de septiembre de 2024,una nueva ola represiva sacude a la sociedad civil cubana, particularmente dirigida contra periodistas y colaboradores de medios independientes, activistas y gestores de proyectos sociales.
En medio de amenazas, decomisos y extorsiones, la Seguridad del Estado ha intensificado su hostigamiento con el objetivo de desarticular iniciativas críticas al régimen, utilizando tácticas de tortura psicológica y coerción para forzar renuncias y obtener "confesiones" en contra de sus objetivos.
En esta ofensiva, colaboradores de medios como;elTOQUE,;CubaNet;y;Periodismo de Barrio han sido citados, interrogados y coaccionados para renunciar a sus labores, bajo la acusación de "mercenarismo", una figura penal utilizada recurrentemente por el régimen cubano para criminalizar la labor de los periodistas independientes.
Este delito, establecido en el artículo 143 del Código Penal cubano, prevé penas de entre cuatro y diez años de cárcel para aquellos que reciban fondos externos con supuestos fines "subversivos".
Sin embargo, la realidad detrás de estas acusaciones es la constante estrategia del gobierno para controlar el flujo de información y reprimir cualquier voz que se oponga a la narrativa oficial.
Testimonios de represión y extorsión
El periodista y ensayistaAlexander Hall y el escritorJorge Fernández Era, ambos colaboradores deelTOQUE, son algunos de los nombres que han emergido entre los afectados por esta nueva arremetida.
Hall fue citado a Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, donde pasó varias horas sometido a un interrogatorio marcado por la intimidación.
Fernández Era, por su parte, fue sometido ados interrogatorios consecutivos en el mismo centro de detención, durante los cuales las autoridades lo presionaron para que abandonara su labor periodística.
En un contexto similar, la periodistaMaría Lucía Expósitodenunció recientemente redes socialesel decomiso de su teléfono móvil y 1,000 dólares, fondos obtenidos por su participación en un curso formativo en periodismo.
Además, fue sometida a más de seis horas de interrogatorio, en el cual la violencia psicológica fue el instrumento de presión predilecto de las autoridades para lograr su "colaboración".
Como otros colegas, fue obligada a firmar un acta en la que reconocía haber recibido dinero de proyectos "subversivos", una táctica cada vez más común utilizada por el régimen para forzar la autoinculpación y fabricar pruebas inexistentes.
