Pese a que el presidente argentino Javier Milei ha ganado una batalla contra las universidades públicas al negarse a seguir alimentando un "barril sin fondo", ha tenido que bajar el tono en un debate fundamental para mejorar la educación en América Latina, que fue pionera en formación superior pero que hoy se encuentra rezagada en ese ámbito.
Las universidades de nuestros países se encuentran entre las peores del mundo, pero son extremadamente eficientes, no sólo para derrochar y malgastar recursos, sino también para movilizar políticamente a estudiantes que no tienen prisa para estudiar y graduarse, que se benefician del caos a través del cogobierno y que operan en un régimen de mediocridad, sin el más mínimo criterio de calidad y mucho menos excelencia.
Milei se ha convertido en un factor de influencia a nivel mundial y justamente había tocado un tema sensible, al señalar que las universidades tienen una utilidad casi nula en la promoción del desarrollo y la lucha contra la pobreza. De hecho, a pesar de que son de acceso libre y gratuito, no brindan oportunidades reales a los sectores más pobres de la sociedad, para quienes la educación básica sigue siendo un lujo extremadamente caro e igualmente inservible, ya que su mala calidad no permite acceder a una carrera universitaria o a un trabajo decente.
En cualquier país, quien asiste a la universidad suele hacerlo porque cuenta con el apoyo familiar, un contexto social favorable, tiempo disponible para estudiar y la expectativa de mejorar su vida con un título en mano y los contactos necesarios. Esos requisitos son imposibles para quienes viven en la pobreza, razón por la cual las universidades públicas apenas benefician a la clase media, un sector que estaría dispuesto a pagar más si recibiera un servicio de mejor calidad.
El enorme presupuesto que se destina a las universidades debería usarse para ayudar a los sectores más humildes, algo que las instituciones educativas no están haciendo, a pesar de que se ufanan de ser “el motor del desarrollo económico, la promoción social y la garantía equidad”.
A las universidades públicas del continente no les interesa investigar, mejorar ni contribuir al desarrollo tecnológico, ya que igual reciben financiamiento del Estado sin necesidad de competir, innovar o hacer algo más que alimentar la costosa burocracia que han creado. Si fueran privadas o al menos estuvieran condicionadas por la obtención de resultados, tendrían que competir y atraer a estudiantes verdaderamente interesados en progresar en el ámbito científico y académico.
Sería ideal que los estudiantes fueran los primeros en darse cuenta de que la universidad no es gratuita ni verdaderamente pública, ya que se paga con el dinero de todos los contribuyentes y sólo beneficia a un pequeño sector de la sociedad. Lo peor de todo es que se trata de un servicio extremadamente caro y de pésima calidad.
A las universidades públicas de América Latina no les interesa investigar, mejorar ni contribuir al desarrollo tecnológico, ya que igual reciben financiamiento del Estado sin necesidad de competir, innovar o hacer algo más que alimentar la costosa burocracia que han creado. Si fueran privadas o al menos estuvieran condicionadas por la obtención de resultados, tendrían que competir y atraer a estudiantes verdaderamente interesados en progresar en el ámbito científico y académico.
