La justicia boliviana se ha convertido en una gran chacota, pero una burla muy bien planificada por el régimen, que se ha vuelto experto en distraer la atención de la gente, ya sea incendiando el país o mandando al cocalero Morales a bloquear, con tal de que nadie perciba la grave crisis económica que cada día nos acerca más a Cuba.
Quien crea que toda esa tramoya de amparos, suspensiones y decisiones que toman jueces en Pando, Trinidad o Caranavi es parte del caos reinante o de la espontaneidad de algún desubicado, no está viendo la película completa y mucho menos la serie fílmica que está guionizando el MAS.
Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: el gobierno de Arce no quiere elecciones judiciales y, por lo visto en los últimos días, tampoco está en sus planes cambiar al fiscal general. Su intención es seguir con los mismos actores espurios: los interinos, los autoprorrogados y cualquiera que se designe por decreto, para no arriesgar la continuidad de la dictadura, justo ahora que la crisis erosiona aceleradamente la imagen del gobierno, incrementa el descontento popular y mejora las posibilidades de ascenso de las fuerzas políticas de oposición.
Luis Arce no podrá controlar la inflación; la escasez de alimentos se irá agudizando, al igual que la falta de dólares y combustibles. Las elecciones judiciales y cualquier otro proceso institucional, como la designación del fiscal general, se han vuelto incontrolables para el gobierno debido a las divisiones internas del MAS. Luis Arce ni siquiera es capaz de aprobar un crédito en el parlamento y sale trasquilado cada vez que pone a prueba su músculo político.
A Arce no le queda más que recurrir a maniobras, las mismas que los asesores cubanos le recomendaban a Morales: estrategias envolventes como convocar a un revocatorio, golpes a las autoridades elegidas democráticamente, hechos como el hotel Las Américas, referéndums, reelección por “derecho humano”, etc. Casi todas resultaron fallidas y contraproducentes, pues terminaron convirtiéndose en boomerangs que acabaron con la presidencia de Morales en 2019, quien probablemente nunca más volverá a ocupar el cargo que tanto añora.
Arce quiere un poder judicial que le apruebe todo y una fiscalía que le permita hacer de las suyas con la democracia, como ocurrió con Evo Morales. El cocalero logró que el Tribunal Constitucional ignorara los resultados del referéndum de 2016 y le autorizara la reelección indefinida bajo el argumento de los derechos humanos. Incluso ya se está hablando de que el próximo paso será la postergación de las elecciones y, ¿por qué no?, que le meta nomás y anule las elecciones generales de 2025, con miras a convertirse en el Fujimori del siglo XXI. En teoría, todo es posible.
