Para las elecciones judiciales del 1 de diciembre próximo hay en total 7.333.933 ciudadanos habilitados en el Padrón Biométrico, informó el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas.
Se trata de un aumento de 2,8% o 202.858 ciudadanos más en comparación a las anteriores elecciones, que fueron las regionales del 7 de marzo del 2021 cuando estaban habilitados a nivel nacional 7.131.075.
Vargas detalló que 392.806 personas fueron inhabilitas por no haber cumplido con su designación de jurado en los pasados comicios o por no votar durante dos elecciones consecutivas. Además se depuró a 703.752 fallecidos, otros 10.626 figuran como no habilitados, en su mayoría por problemas con sus documentos.
Vargas señaló que aún persisten riesgos sobre las elecciones judiciales, por fallos de tribunales, pendientes de revisión en el Tribunal Constitucional (TCP).
Añadió que han realizado al respecto dos acciones. Una de ellas fue la solicitud hecha al TCP, mediante carta enviada el 23 de octubre, para que acumule las causas ligadas a las judiciales y emita un pronunciamiento de manera rápida para tener certeza y seguridad sobre los comicios.
Además se presentó una medida cautelar al TCP para que se pronuncie sobre los tres últimos recursos, dos emitidos por salas constitucionales de Beni y Pando que ordenaban la paralización del proceso y otro de una Sala Constitucional de El Alto que instruyó al TSE continuar con el mismo.
Enfatizó que la norma establece que por el principio de preclusión ninguna etapa ya concluida puede ser revisada y tampoco los procesos electorales pueden ser anulados.
Para el próximo 1 de noviembre se tiene previsto el sorteo de los jurados electorales y en los siguientes días también comenzará la impresión de papeletas. “Existe preocupación en torno a la definición que van a dar los actuales magistrados del Tribunal Constitucional a este proceso electoral”, remarcó Vargas, en conferencia de prensa desde Santa Cruz. Mientras tanto, el TSE cumple con el cronograma de actividades.
“Un fallo del Tribunal Constitucional que decida suspender el proceso electoral generaría un grave riesgo, un grave daño al proceso electoral y las atribuciones del TSE. Necesitamos tener la certeza y es el TCP es el que debe pronunciarse”, insistió Vargas.
