La Confederación Sindicales de Comunidades Interculturales de Bolivia pidió al Ministerio Público investigar el presunto financiamiento al bloqueo de Evo Morales y sus afines que cercó el departamento de Cochabamba durante 24 días.
“Hemos visto públicamente a algunos concejales, la Policía ha identificado como financiaba. Por eso, es importante que investigue el Ministerio Público. La justicia se debe ejecutar porque no es posible que financien queriendo perjudicar a nuestro país”, dijo el ejecutivo de los Interculturales, Esteban Alavi.
Evistas iniciaron un bloqueo de caminos el 14 de octubre y lo extendieron hasta el 6 de noviembre, en exigencia a la habilitación de la candidatura de Morales y para que se lo aparte de los procesos que pesan en su contra, entre ellos por trata y tráfico de personas por la relación que tuvo con una menor en 2015.
Esta extrema medida de presión causó pérdidas económicas millonarias a los sectores productivos y a las familias bolivianas. Además, que, se registraron hechos de violencia contra la población, policías e incluso periodistas.
La Policía aprehendió a 90 bloqueadores evistas por la violencia, 85 de ellos guardan detención preventiva en distintas cárceles de La Paz, mientras cinco están con detención domiciliaria.
Entre los aprehendidos está el concejal evista Gilbert Tapia, acusado de financiar la extrema medida de presión y promover la violencia contra policías y periodistas en Mairana, Santa Cruz.
A esto se suma la denuncia contra la candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Arminda Méndez, también vinculada con los bloqueadores.
“Existe el derecho a la protesta, pero se debe respetar la Constitución Política del Estado (…). Hay productores que han llorado, han visto un año de trabajo perdido (por la producción que se dañó en los bloqueos). Por eso deben ser investigados por la Justicia, porque han hecho daño económico en nuestro país”, remarcó Alavi.
