Bolivia vive una crisis energética terminal, resultado de casi dos décadas de mala gestión y despilfarro del MAS. Lo que en su momento fue una promesa de bonanza, sustentada en la exportación de gas natural y un aparente control estratégico sobre los recursos, hoy es un desastre con cifras que revelan una verdad incómoda: en el corto plazo, los bolivianos no tendrán ni siquiera el gas suficiente para cocinar.
En 2014, el país alcanzó un pico histórico en la producción de gas natural, con 59,6 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd). Diez años después, esa cifra se ha desplomado a 29,55 MMmcd en octubre de 2024, menos de la mitad del volumen de una década atrás. Los megacampos que alguna vez sostuvieron la economía nacional, como Margarita-Huacaya y Sábalo, ahora están en franca decadencia: Margarita-Huacaya pasó de producir 10,81 MMmcd en 2023 a 8,53 este año, mientras que Sábalo cayó de 6,45 a 5,57 MMmcd.
Este colapso es consecuencia directa de la falta de inversión en exploración y de la sobreexplotación irresponsable de los yacimientos. Mientras tanto, las políticas del MAS han convertido a Bolivia en un país dependiente de las importaciones de combustibles. Solo hasta septiembre, las compras de diésel sumaron 930,9 millones de dólares y las de gasolina 727,9 millones de dólares. El déficit energético no solo es financiero, sino también operativo: largas filas en las estaciones de servicio y sectores productivos paralizados, como el agrícola, que enfrenta pérdidas millonarias por falta de diésel.
La promulgación del Decreto Supremo 5271, que autoriza la libre importación de carburantes, es la confesión de un fracaso. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la joya de la corona del MAS, ya no puede abastecer el mercado interno. Lo que alguna vez se presentó como la "nacionalización de los hidrocarburos" terminó siendo una fachada: hoy Bolivia importa combustibles a precios internacionales y los vende subsidiados, ahogando las arcas del Estado.
Esta crisis energética no ocurre en el vacío. La caída de las exportaciones bolivianas —que disminuyeron en 1.603,8 millones de dólares al tercer trimestre de 2024— agudiza el problema. El gas natural, el mayor producto de exportación, reflejó una disminución del 18,5% respecto al año anterior. Menos exportaciones significan menos ingresos en dólares, justo cuando el país enfrenta una escasez crónica de divisas.
La crisis energética está estrechamente ligada a la desindustrialización y la caída generalizada en la producción. La industria manufacturera, por ejemplo, sufrió una contracción del 36%, mientras que el sector productivo agropecuario registró una caída del 9,3% en sus exportaciones. La economía boliviana se hunde no sólo por la falta de producción, sino porque cada decisión del Gobierno parece diseñada para agravar el problema.
Los incendios de la economía boliviana no se apagan con parches. La crisis energética no es solo una cuestión de escasez de gas o de diésel, sino el reflejo de un sistema que prioriza la propaganda sobre la planificación, el clientelismo sobre la eficiencia. Hoy pagamos el precio de haber aplaudido decisiones populistas que hipotecaron el futuro.
¿Es posible salir de esta crisis? Solo si el próximo liderazgo tiene el coraje de romper con el modelo económico insostenible, fomentar la inversión privada en el sector energético y restaurar la confianza en la institucionalidad. Bolivia no necesita más discursos vacíos ni culpables externos. Necesita acciones concretas que devuelvan al país la dignidad energética que el MAS destruyó.
