La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este
viernes (22.11.2024) una reforma constitucional que otorga un control absoluto
de los poderes del Estado al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario
Murillo.
El órgano, controlado por el gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó "por unanimidad" la
iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe
parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato
presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al
igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a
"copresidenta".
Ortega y Murillo controlarán todos los poderes
del Estado y vigilarán medios e Iglesia.- El texto concede un poder total al
gobierno pues establece que los copresidentes coordinarán "a los órganos
legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y
municipales", que antes la Constitución reconocía como independientes.
La reforma establece que el régimen de Ortega
y Murillo "vigilará" a la prensa y la Iglesia para que no respondan a
"intereses extranjeros".
También oficializa el retiro de la
nacionalidad nicaragüense a los considerados "traidores a la patria",
como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
Una "policía voluntaria" para un
régimen "revolucionario" y socialista".- Asimismo, la
Constitución reformada crea una "policía voluntaria" integrada por
civiles, como "cuerpo auxiliar y de apoyo" a las fuerzas de
seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.
En la reforma, Nicaragua es además definida
como un Estado "revolucionario" y socialista", e incluye entre
los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla que lideró una
insurrección popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó
Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista,
volvió al poder en 2007. Desde entonces, ha instaurado una
"dictadura" y el "nepotismo" junto a su esposa, señalan sus
críticos.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron
el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya
represión dejó 320 muertos según la ONU.
