El Tribunal Supremo Electoral (TSE) demuestra con sus constantes acciones que no está a la altura de ser un órgano o poder del Estado. Es un árbitro sin personalidad. Los vocales que conforman la sala plena a nivel nacional, además de ocupar esos cargos gracias al favoritismo político del partido oficialista, el MAS, carecen de autonomía en sus decisiones y actúan sometidos a las órdenes de sus superiores: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La presencia institucional del TSE es nula, sin sentido ni relevancia, y no destaca por un trabajo técnico o profesional de gran envergadura. Su credibilidad está por los suelos, lo que cuestiona su razón de ser. Los recursos públicos destinados a los salarios de sus funcionarios, tanto a nivel nacional como departamental, son un gasto injustificado que no contribuye a la profundización ni al fortalecimiento de nuestra democracia.
La gota que colmó el vaso fue la actuación del TSE frente a la sentencia constitucional 0770/2024. Inicialmente intentó resistirse a las elecciones judiciales parciales, fijadas primero para el 1 de diciembre de este año y luego trasladadas al 15 del mismo mes. A pesar de convocar una Segunda Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional el pasado 11 de noviembre, donde obtuvo el respaldo del Órgano Legislativo y de los partidos políticos asistentes, además de firmar un documento de consenso, el TSE dio un paso atrás obedeciendo a sus “jefes superiores” de la sala cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado. ¡Qué falta de carácter!
Horas después, el TSE se retractó de lo acordado en dicha cumbre, demostrando una vez más su sumisión. ¿En qué parte de la Constitución Política del Estado (CPE) se establece que este ente electoral debe llevar a cabo elecciones parciales?
Es alarmante que el cuarto poder, el Órgano Electoral, sea menospreciado por los otros tres poderes del Estado. Esto debilita aún más nuestra frágil democracia. Su imagen institucional está tan deteriorada que nadie respeta sus decisiones.
Un ejemplo claro es el comportamiento de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del TCP, quienes infringen la normativa electoral haciendo campaña de difusión de méritos en redes sociales, a pesar de estar prohibido. Esto desvirtúa el proceso, quitándole formalidad y seriedad. Para colmo, hasta ahora el TSE no ha realizado una campaña efectiva que informe a la ciudadanía sobre los postulantes y sus méritos. Y si la realizó, pasó completamente desapercibida. ¿Acaso esta institución cuenta con un equipo profesional en comunicación?
Al parecer, el Órgano Electoral ha perdido el control sobre la organización de las elecciones judiciales del próximo 15 de diciembre, las cuales ya carecen de credibilidad. En este contexto, nuevamente podrían ganar el “Dr. Nulo” o el “Dr. Blanco”, como ocurrió en 2011 y 2017, porque la población asistirá a votar sin información seria que le permita elegir a las autoridades judiciales idóneas.
Es pertinente también cuestionar a los candidatos: si desde un inicio infringen las normativas electorales, ¿qué se puede esperar de ellos cuando ocupen cargos jerárquicos? Para muestra, basta un botón.
A los miembros del TSE se les debe recordar que en ninguna parte de la actual CPE se establece que el TCP sea un poder u órgano del Estado como para justificar el temor que le tienen, y mucho menos si sus magistrados ya cumplieron su mandato y continúan en funciones de manera autoprorrogada.
La injerencia del TCP en las atribuciones exclusivas del Órgano Electoral deja mal parado al TSE, proyectándolo como un simple grupo de “muchachos de mandado” y despojándolo de la alta jerarquía que la Constitución le otorga.
