Este 25 de noviembre el mundo recordó el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer, pero la problemática está lejos de acabar. En la región, al menos 11 mujeres fueron asesinadas en 2023, según los últimos datos recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG). La violencia machista es uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos, pese a avances legislativos en países como Chile o México.
Al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe en 2023. Se trata de al menos 11 asesinatos contra mujeres, por razón de género, cada día. Así lo subrayan los últimos datos recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Este número doloroso e inaceptable nos recuerda que, a pesar de los avances en leyes y protocolos, el feminicidio sigue presente en nuestra región y es la expresión extrema de los patrones patriarcales y violentos. Es tiempo de actuar con sentido de urgencia”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , que se conmemora cada 25 de noviembre, fecha que inicia la Campaña Únete, con 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre.
A la violencia machista se suma la impunidad que la rodea. De acuerdo con los organismos especializados, la mayoría de ese tipo de crímenes permanecen sin castigo contra los responsables, debido a factores culturales, sociales y económicos que mantienen la desigualdad.
Entre el 63 % y el 76 % de las mujeres en América Latina han sufrido algún tipo de violencia por parte de parejas o familiares en algún ámbito de su vida y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 mujeres en la región ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida.
Como si fuera poco, las niñas y adolescentes también se encuentran especialmente expuestas a la violencia de género con los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, que afectan a 1 de cada 5 niñas en la región, resalta la CEPAL.
A nivel global, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual alguna vez en su vida, según ONU Mujeres.
En la actualidad, todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; 14 países han adoptado leyes integrales que amplían la comprensión y rango de acción frente a esta verdadera “pandemia en la sombra” y 19 países han aprobado leyes y protocolos que penalizan el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género, destaca un comunicado de la CEPAL.
Pese a los avances en materia legislativa, la problemática sigue azotando a miles de mujeres que sufren violencia física, psicológica y sexual diariamente en sus hogares y comunidades.
Ese tipo de delitos contra mujeres y niñas persistes y se extienden en la región, lo que causa una grave violación en materia de derechos humanos, remarca la CEPAL.
¿Las razones? Los expertos subrayan que responde a una diversidad de factores: patrones patriarcales y de violencia, falta de recursos económicos por parte de las víctimas, corrupción e incumplimiento de las normas trazadas.
Las denuncias y la visibilización de ese tipo de agresiones y feminicidios siguen siendo clave en un intento por prevenir y/o castigar esos crímenes. En esos esfuerzos movimientos como “Ni Una Menos” se han convertido en un trabajo fundamental en las sociedades para exigir medidas más efectivas.
¿Cuáles son los países más afectados por la violencia machista en América Latina y el Caribe?
Existen algunos datos que dan muestra de la gravedad de la problemática, pero puede ser aún mayor debido a que no todos los casos se denuncian o son investigados.
Aun así, según las informaciones registradas, Honduras lidera la tasa más alta de feminicidios en la región: 7,2 casos por cada 100.000 mujeres, seguido de República Dominicana (2,4) y Brasil (1,4).
Países como Chile, Haití y Guatemala reportan cifras menores, pero no necesariamente reflejan la magnitud real debido a deficiencias en el registro de casos.
En Colombia, el 75,6% de los casos registrados de violencia de género son contra mujeres, señala el Instituto Nacional de Salud (INS), lo que constituye en el país un problema de salud pública que, principalmente, se concentra en las poblaciones más vulnerables.
En el territorio colombiano, un total de 66.621 casos de violencia de género han sido registrados en lo corrido de 2024, resalta el INS.
Colombia también intenta mitigar tipos de violencia contra mujeres y niñas con pasos legislativos. El pasado 13 de noviembre, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el matrimonio de menores de edad.
Hasta el momento, en el país se permitían los matrimonios a partir de los 14 años, siempre que contaran con el consentimiento de los padres del menor. Según cifras oficiales, en 2023 se celebraron 114 matrimonios en Colombia en los que había menores involucrados.
La iniciativa fue lograda tras una campaña de 17 años, bajo un lema inequívoco: “Son niñas, no esposas”.
Sin embargo, la implementación de la ley podría ser complicada y requerirá un fuerte compromiso político. Los mayores temores sobre si la ley será aplicada se dirigen especialmente a las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes.
En Argentina, el matrimonio es posible a partir de los 14 años con la aprobación de un juez. En el resto de países de América del Sur, la edad mínima para casarse oscila entre los 16 y 18 años.
Chile: leyes avanzadas contra la violencia de género vs. desafíos
Este país cuenta con leyes avanzadas, como la Ley de Violencia Intrafamiliar de 1994, la Ley 20.066 de 2005, la Ley Gabriela de 2020 y la Ley de Acoso Sexual en Espacios Públicos de 2019. Estas normativas buscan prevenir la violencia, sancionar a los agresores y proteger a las víctimas, incluyendo la ampliación del concepto de femicidio para abarcar cualquier asesinato motivado por el género.
No obstante, en 2023, se reportaron 51 femicidios y 134.116 denuncias policiales por violencia de género, donde el 86 % de las víctimas fueron mujeres y niñas. Además, ocurrieron 51 agresiones sexuales diarias, una cada 28 minutos.
A pesar de los avances legales, las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para identificar y sancionar a los responsables, generando un clima de pesimismo.
Casos recientes, como el del exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, han resaltado la falta de efectividad en la aplicación de las normativas, poniendo en duda los avances logrados.
México, una crisis alarmante: al menos 10 mujeres son asesinadas cada día
La nación enfrenta una de las crisis más graves de violencia de género en América Latina. Desde 2015, un promedio de diez mujeres son asesinadas diariamente. Entre enero y septiembre de 2024, se reportaron 2.624 asesinatos de mujeres, incluyendo 598 feminicidios y 2.026 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, las denuncias alcanzaron cifras récord en 2024: 214.572 casos de violencia familiar, 4.996 de violencia de género y 16.398 de violación.
El país ha avanzado significativamente en su marco jurídico. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, reconoció diversas formas de violencia y estableció mecanismos de protección como refugios y asistencia jurídica.
En 2011, México tipificó el feminicidio como un delito autónomo, estableciendo su investigación bajo un enfoque especializado en todo el territorio nacional.
La creación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) permite atender emergencias relacionadas con violencia feminicida en zonas de alto riesgo. En 2020, las leyes de paridad de género y de violencia política contra las mujeres reforzaron la igualdad en procesos democráticos y protegieron a mujeres en cargos públicos.
Además, los protocolos de investigación de feminicidios obligan a las autoridades a actuar con perspectiva de género, aunque la implementación sigue siendo un desafío.
América Latina enfrenta una crisis estructural en la lucha contra la violencia de género. A pesar de leyes pioneras y movimientos sociales potentes, la falta de recursos y voluntad política limita la eficacia de las medidas.
Por este motivo, es urgente reforzar las capacidades de los sistemas judiciales y policiales, promover la educación en igualdad de género y garantizar la rendición de cuentas para los agresores. Solo así será posible reducir la violencia machista y garantizar un entorno seguro para todas las mujeres en la región.
