Según el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para el 2025, propone cuatro exclusiones para el acceso a la Renta Universal de Vejez para focalizar una mayor eficiencia en los recursos y que estos lleguen a los sectores más vulnerables.
La primera, los trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado o del sector privado no percibirán el beneficio en 2025.
La segunda, Los accionistas, socios y/o directores de Sociedades Comerciales, que cuenten con el Registro de Comercio.
La tercera, los bolivianos y las bolivianas que perciben la Fracción Complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación, es decir, los que contemplan una jubilación del 100%.
La cuarta, a los titulares y los derechohabientes a los Gastos Funerales.
“Además, esta es una medida que se activa y se desactiva. Si una persona que está trabajando en el sector privado pues recibe un sueldo y decide jubilarse puede activar su renta dignidad”, informó el viceministro de Pensiones, Franz Apaza.
Apaza aclaró que la Renta Dignidad aplica a los residentes bolivianos mayores de 60 años de edad y los que perciben una renta o pensión de la seguridad social de largo plazo.
Por otro lado, señaló que los recursos implementados para pagar el beneficio se vieron reducidos en el último tiempo, debido al "descuido" de las exploraciones hidrocarburíferas desde 2010 a 2019.
