Las fuerzas policiales incautaron en los últimos 11 meses 210 armas de fuego, entre fusiles de asalto de grado militar, escopetas, pistolas, armas artesanales y más de 50.000 municiones.
De acuerdo con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, las armas tenían como destino final facilitar actividades de narcotráfico, contrabando y actos violentos que desestabilizaron el orden público, como los ocurridos durante los bloqueos de caminos en el trópico de Cochabamba y la masacre de Pucamayu, motivada por una venta fallida de fusiles militares.
La autoridad precisó que la internación ilegal de armamento tiene un claro objetivo: combatir, y dar de baja, a las fuerzas de seguridad del Estado.
Una de las “rutas comprometidas” en la internación ilegal de armas, dijo el viceministro, es la densa frontera boliviana paraguaya con destino final del trópico de Cochabamba y una zona específica en esa región, considerada la mayor humedad de bosque tropical del mundo: Villa Tunari.
Villa Tunari es considerada una zona roja del narcotráfico pero es, además, el bastión político, cocalero y sindical del expresidente Evo Morales.
“El armamento y el narcotráfico están vinculados con Villa Tunari, donde se ha ejecutado la mayor cantidad de operaciones antidroga, lo que demuestra que, efectivamente, existe la intención y el interés de combatir a las fuerzas policiales a través del empleo de estas armas”.
Informes de inteligencia policial en el trópico de Cochabamba confirmaron que las armas son empleadas para proteger cargamentos de droga, intimidar a comunidades y operar contra la fuerza pública.
Además, remarcó el titular de Régimen Interior y Policía, su proximidad con rutas fronterizas facilita el ingreso de armamento de contrabando desde países vecinos, consolidando a la región como un foco de interés para grupos criminales.
“En ese contexto, la fuerza pública tiene el enfoque de cortar la oferta como la demanda”.
Se ha establecido también que existe una relación directa entre el tráfico de armas y el narcotráfico.
“Armas de fuego son utilizadas como moneda de cambio en operaciones de drogas”.
El flujo ilegal de armas a grupos no autorizados puede debilitar la capacidad del Estado para mantener la seguridad y el control, generando un entorno de mayor inseguridad para los ciudadanos.
Bolivia, como país con fronteras extensas y regiones de difícil acceso, enfrenta grandes desafíos para controlar el ingreso y la circulación de armas ilegales. Las autoridades han destacado la necesidad de cooperación internacional, especialmente con países vecinos, para combatir este flagelo y evitar que se agraven sus consecuencias.
NARCOTRÁFICO
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, informó que, en cuatro años de gestión, Bolivia destruyó 3.838 fábricas de pasta base de cocaína y 298 laboratorios de reciclaje y cristalización de clorhidrato de cocaína, como parte de los operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados en el país.
La mayor parte de esas fábricas y laboratorios fue desmantelada en la región del trópico de Cochabamba, explicó Mamani.
Villa Tunari, en el territorio del trópico de Cochabamba, es una de las zonas con mayor actividad relacionada con la producción de drogas en Bolivia.
En esta región, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) ha intensificado su presencia, ejecutando operativos orientados a desmantelar fábricas clandestinas y laboratorios que procesan pasta base y cristalizan clorhidrato de cocaína para el tráfico internacional.
En el trópico, además, se han paralizado por casi 200 días las tareas de erradicación de coca, materia prima para la elaboración de cocaína, por una vigilia instruida a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por su presidente, Evo Morales.
Estas federaciones, históricamente controladas por el expresidente Morales, son una de las principales zonas de producción de hoja de coca en el país.
Desde el inicio de la gestión del presidente Luis Arce, Bolivia ha mantenido un promedio anual importante de hectáreas de coca erradicadas: 9.458, en 2021; 10.260, en 2022; y 10.302, en 2023.
A noviembre de este año, la cifra ya supera las 8.000 hectáreas y se prevé que se alcanzarán las 10.000.
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba han sido un foco de conflicto en la erradicación de cultivos excedentarios, ya que la región cuenta con una producción que supera las cuotas legales.
CONTRABANDO
A noviembre de este año, de acuerdo con informes oficiales del Ministerio de Defensa, 18 militares murieron en diversos enfrentamientos contra contrabandistas y al menos otros 50 resultaron heridos.
“Estos contrabandistas no son personas comunes, son delincuentes que están dedicados a este accionar”, explicó en su momento el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velásquez.
Además, los contrabandistas arreciaron la violencia hacia los funcionarios estatales de control fronterizo en todas las zonas limítrofes del país.
El multimillonario negocio del contrabando ha convertido a cualquier zona de seguridad fronteriza en altamente riesgosa para el personal de control militar, policial o civil.
Son frecuentes las agresiones contra los integrantes del Comando Estratégico Operativo de Lucha Contra el Contrabando (CEO).
Estos incidentes son cada vez más recurrentes y con saldos lamentables, como cuando los vehículos de control son embestidos por camiones de alto tonelaje que transportan mercadería ilegal, mientras sus grupos de seguridad disparan contra las fuerzas del Estado.
En abril de este año, contrabandistas en rutas hacia territorio boliviano se enfrentaron con armas de fuego en un puesto oficial de carabineros de Chile, en la población chilena de Chungará.
El Gobierno boliviano reforzó en los últimos meses los controles en las fronteras para evitar el contrabando hacia países vecinos de combustibles, que tienen subvención estatal, y alimentos que se venden a un precio mayor en el exterior.
CONTROL
De enero a noviembre de este año, la fuerza pública ejecutó 50 operativos específicos en el trópico de Cochabamba, en los que se lograron importantes decomisos de armas y sustancias controladas.
La Policía reforzó también los denominados “puntos críticos” en los 6.000 kilómetros de fronteras con tecnología de vigilancia avanzada y en estrecha colaboración con la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas.
La aplicación de la Ley 400 de control de armas de fuego, municiones, explosivos fue otro paso importante para controlar el problema en momentos en que varios civiles fueron filmados disparando escopetas contra la Policía durante los operativos de desbloqueo de carreteras en el trópico cochabambino.
La adhesión de Bolivia a tratados internacionales para combatir el tráfico de armas también incidió en un mayor control de esta ilegal actividad.
Si bien el tráfico ilegal de armas hacia Bolivia representa una amenaza para la seguridad nacional en sus múltiples dimensiones —contribuye a la violencia, a las violaciones de los derechos humanos y la inestabilidad política—, el Viceministerio de Régimen Interior y Policía no duda en asegurar que el problema está controlado.
“En mérito a la gran cantidad de armas incautadas, se establecieron mejores mecanismos de coordinación, fundamentalmente con las empresas fuera del país que proveen este tipo de armas”.
