La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) pidió a los legisladores rechazar la disposición transitoria séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza al gobierno acciones de control, fiscalización, confiscación y decomisos a quienes retengan, almacenen o pretendan encarecer los precios de los productos.
Este punto de la norma también ha sido cuestionado por sectores de gremiales porque consideran que se puede hacer uso discrecional de la misma.
La CAO enfatiza que la producción y la oferta no están en función de amenazas, restricciones e intervenciones. Agrega que este tipo de medidas generan inseguridad y desánimo entre los productores.
Recuerda que medidas como la restricción de importaciones, imposición de cupos y de banda de precios en vez de aumentar la producción han generado el efecto contrario en casos como el maíz y el arroz, entre otros, que dependen ahora en mayor medida de las importaciones.
“Pedimos a los legisladores, no permitir que se incluya en la ley del presupuesto general del estado, la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo las misma, en desmedro de la población”, señaló la CAO en su pronunciamiento este lunes
La preocupación ya fue expresada en una reunión que sostuvieron hoy con la presidenta de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, la diputada Laura Rojas y el senador Erik Morón.
Rojas calificó de alarmante el tema y advirtió que vulnera la seguridad alimentaria del país. Ante esta situación anticipó que se socializará los peligros que representa está disposición transitoria.
