El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que la disposición adicional séptima del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE 2025), rechazada por sectores privados, no tiene como objetivo estigmatizar a los productores del país, sino más bien controlar que los productos nacionales no sean desviados por intermediarios que “no le tienen cariño” a la industria boliviana.
“Este pedido de insertar un artículo de esta naturaleza no es para estigmatizar a los productores, ni intermediarios porque no están para hacer especulación o agio, sino son algunos intermediarios para poder beneficiarse porque no tienen un cariño al país ni a la industria”, aseveró Montenegro en conferencia de prensa.
Detalles de la disposición adicional séptima
La disposición adicional séptima del proyecto de ley del PGE 2025 establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Privados rechazan la disposición
Esa normativa ha sido rechazada por industriales, productores y otros sectores privados, que argumentan que generará inseguridad jurídica y un entorno desfavorable para las inversiones. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que la disposición podría convertirse en un instrumento "discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo".
Ministerio realiza jornadas de socialización
Montenegro informó que, para aclarar la finalidad y alcance de esta disposición, se realizan jornadas de socialización con los productores del país.
“Ayer hemos estado en la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) donde hemos hecho la explicación de la naturaleza de este artículo de la disposición séptima que es resultado del pedido del presidente (Luis Arce), de varias regiones, para que se haga un control de las especulaciones. ¿O vamos a inventar que no estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras o es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo, carne salen de las fronteras?”, señaló Montenegro.
Añadió que ante ese hecho el país necesita “un tipo de control y que se requiere una normativa con rango de ley”.
