El gobierno quiere encarcelar a quienes supuestamente provocan el incremento de precios. Amenaza con realizar confiscaciones y lo único que logrará será el efecto contrario. Por pura lógica, una economía sin libertad produce menos, genera mercados paralelos, provoca escasez y deriva en inflación. Mientras más presión se ejerza, mayor será el encarecimiento.
Los que realmente deberían estar presos en Bolivia son quienes han causado esta crisis, originada en acciones deliberadas del gobierno, que dilapida de manera inmisericorde los recursos públicos, debilita la economía al hostilizar a los productores y volvernos altamente dependientes de las importaciones. Han quintuplicado el aparato estatal, derrochan en propaganda, viajes y lujos, e insisten en un modelo económico que ocasionará un desastre de proporciones dantescas en el corto plazo.
El presupuesto elaborado para 2025 no solo prevé la criminalización de los empresarios, el agro, la industria y el comercio, sino que mantiene intacto el esquema creado por Luis Arce en 2006, capaz de destruir hasta la mejor economía del mundo, ideado para dilapidar la mayor bonanza nunca vista en la historia del país, la peor receta posible para un período de apreturas, cuando el sentido común ordena producir más, liberar más y ponerle un bozal a un Estado ineficiente, derrochador, corrupto e inepto.
En lugar de frenar al Estado desquiciado, Luis Arce incrementa los gastos del gobierno. En 2025 habrá más propaganda para seguir mintiéndole a la población, diciéndole que todo marcha bien y que la industrialización es un éxito. Eso no es gratis: el régimen continuará invirtiendo en empresas estatales que no producen más que pérdidas, además de mantener las ya existentes, que consumen la mitad del presupuesto.
Es un crimen seguir gastando como lo hace Luis Arce, manteniendo un gobierno con tantos empleados que no sirven más que para marchar en las calles y aumentar el caudal electoral. Mantener una burocracia tan aparatosa genera pobreza, limita el potencial productivo, ahuyenta las inversiones, incrementa los costos y fomenta la corrupción. Cuando el gobierno habla de austeridad, lo único que se le ocurre es quitarle la renta a miles de ancianos, cuando lo correcto en este momento sería reducir el gasto, pero al mismo tiempo mantener recursos frescos para atender a los sectores más vulnerables.
En las circunstancias actuales, es un delito imprimir billetes sin respaldo, como lo está haciendo Arce. Ese es el principal factor que impulsa la inflación. Se trata del “impuesto” más nocivo, especialmente contra los pobres, quienes gastan la mayor parte de sus ingresos en comida, precisamente lo que más ha subido últimamente y continuará en escalada porque no hay diésel, no hay dólares y el gobierno no hace más que empeorar la situación con su ineficiencia, su manía de escapar de la realidad y de buscar culpables en todos lados. Hay que atrapar a los verdaderos criminales antes antes que nos maten de hambre.
