En medio de la crisis por la escasez de arroz, los ingenios arroceros de Santa Cruz y Beni iniciaron este miércoles un paro de 24 horas como protesta contra la intervención gubernamental realizada la semana pasada en sus predios y en demanda de garantías para su seguridad jurídica.
“Somos alrededor de 140 ingenios arroceros, entonces todos los ingenios han decidido acatar (el paro) y pronunciarnos a nivel de Bolivia por el abuso que tuvimos el pasado viernes, la manera arbitraria en la que el Gobierno ingresó a nuestros establecimientos. Ahora hemos decidido no atender”, afirmó la secretaria de Hacienda de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz, Sonia Rocha, a Unitel.
Esta mañana, los ingenios arroceros amanecieron sin personal, con las maquinarias apagadas y las puertas cerradas con candados.
El viernes pasado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en coordinación con la Fiscalía, realizó un operativo en ingenios de Montero bajo la acusación de que se estaba ocultando arroz para provocar escasez y especulación. Algunos depósitos fueron precintados.
“Rechazamos rotundamente las acciones del Gobierno, que nos deja como productores en una incertidumbre porque nos está afectando a una parte esencial de la cadena productiva. Este paro se está realizando para defender nuestro trabajo y la propiedad privada”, afirmó el represente de los productores de arroz de Beni, David Pérez.
Rocha indicó que la medida implica la suspensión de la distribución de arroz a nivel nacional, lo que afecta a toda la cadena productiva, incluidos transportistas, intermediarios y comerciantes.
Desde el Gobierno se convocó al sector a una reunión en La Paz, pero Rocha adelantó que no asistirán, insistiendo en que el encuentro debería realizarse en Santa Cruz.
“Ha pedido que nosotros vayamos a La Paz y es justo que el baje al sector cruceño porque es aquí donde se produce”, aseguró.
Desde hace varios meses, los mercados enfrentan una escasez de arroz acompañada de un incremento en su precio. El Gobierno atribuye esta situación al contrabando inverso, argumentando que este producto básico de la canasta familiar tiene un costo más elevado en los países vecinos.
