Una investigación periodística reveló el desvío de diésel para las operaciones ilegales de minería de oro en el norte de La Paz, en plena Amazonía boliviana. El reportaje publicado por la revista La Brava, señala que el incremento en el precio del oro ha provocado la expansión de cooperativas mineras ilegales, lo que también incidió en el aumento de la demanda de combustible en los últimos años.
La dotación legal que ofrece el Estado para las mineras es de 20.000 litros mensuales, pero según los datos recabados por ese medio, las cooperativas ilegales utilizan entre 25.000 y 120.000 litros al mes, dependiendo de la escala del trabajo realizado.
El incremento de la demanda de diésel para las operaciones mineras en el norte de La Paz empezó el año 2013, de acuerdo con una nota de prensa publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pero los entrevistados por la revista boliviana apuntan que el año 2019 hubo un incremento significativo en la demanda, que coincide con la expansión de la industria del oro en Bolivia.
El tema genera controversia no solo por la ilegalidad en el destino del combustible sino también porque desde hace más de un año que los bolivianos enfrentan dificultades para conseguir combustible, principalmente diésel, cuyos periodos de carencia son cada vez más frecuentes y prolongados.
En los últimos meses la escasez se agudizó provocando largas filas en las estaciones de servicio y crecientes reclamos de sectores afectados como los transportistas y los agroindustriales. El Estado, que subvenciona desde 1997 el diésel y gasolina para el mercado interno y vende cada litro a un equivalente de 0,53 centavos de dólar, atribuyó la escasez a bloqueos masivos que hubo entre octubre y noviembre, por parte de seguidores de Evo Morales, que impidieron el tránsito de las cisternas.
Sin embargo, los expertos coinciden en que el problema es estructural: a la baja producción local se suma la imposibilidad de importar por falta de dólares, producto de la caída en la venta de gas y de las reservas internacionales del país que lo han llevado a enfrentar una crisis financiera.
Según la investigación de La Brava, las estaciones de servicio ubicadas en al menos 17 municipios son utilizadas para el desvío ilegal de diésel a localidades donde la minería ilegal del oro está en auge. La mano detrás de estas operaciones serían dos clanes familiares, que son dueños de entre 9 y 12 estaciones de servicio, y que tendrían vínculos con funcionarios públicos del Movimiento Al Socialismo, según datos e imágenes publicadas por ese medio.
El modus operandi sería el siguiente: las cisternas llegan directamente a las operaciones mineras cuando los caminos lo permiten (o a través de vehículos más pequeños a los que se traslada la carga), o las estaciones de servicio implicadas en este delito abastecen a los revendedores, quienes posteriormente comercializan el diésel a los mineros.
La reventa del combustible está penada por el Código Penal Boliviano con una sanción de privación de libertad de tres a seis años y confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito. Sin embargo, es un fenómeno que ocurre en mayor y menor escala en todo el país: incluso en redes sociales se ofrecían bidones de diésel y gasolina en los periodos de mayor escasez.
Tras conocerse públicamente la existencia de este negocio ilegal, la ANH informó que se realizan controles en coordinación con las Fuerzas Armadas y que en operativos realizados entre mayo y noviembre se confiscaron 451.608 litros de combustible, que presuntamente eran desviados a la minería del oro. El director de la entidad, German Jiménez, agregó que en los operativos se detuvo a 323 personas que afrontan procesos judiciales por agio y especulación.
Sin embargo, la investigación revela que el negocio mueve cifras millonarias y se expande para alimentar las operaciones mineras de las localidades de Guanay, Tipuani, Teoponte y Mapiri e incluso llegan hasta Apolo, donde la minería ilegal se concentra en el Parque Nacional Madidi, una de las reservas más biodiversas del mundo que peligra en Bolivia por el acecho de la minería del oro y los avasallamientos.
