Las elecciones judiciales, lejos de representar un ejercicio democrático saludable, se han convertido en un proceso desgastado y perjudicial que parece diseñado para consolidar la debacle institucional.
El problema de fondo es un sistema de selección de candidatos controlado por la Asamblea Legislativa, que filtra las opciones para asegurar que solo participen aquellos que sean leales al oficialismo. Este mecanismo, que supuestamente buscaba luchar contra la corrupción y la politización de la justicia, ha generado el efecto contrario: un control absoluto del partido de gobierno sobre los órganos judiciales. Esto ha perpetuado la desconfianza ciudadana y ha convertido al voto nulo en un acto de protesta masiva en elecciones pasadas.
La Constitución de 2009, que introdujo esta modalidad electoral para magistrados, lejos de democratizar el sistema, exacerbó su politización y deslegitimidad. No se han cumplido los objetivos de independencia judicial ni de meritocracia. Por el contrario, se ha ahuyentado a los profesionales más capacitados, que temen someterse a un sistema donde la discrecionalidad y la presión política son la norma.
En esta tercera experiencia electoral judicial, el panorama es incluso más sombrío. Las elecciones "parciales" han fragmentado el proceso, y las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral han dejado claras las intenciones de blindar a magistrados prorrogados y consolidar un sistema judicial sumiso al Ejecutivo.
La jornada electoral de este domingo no representa una esperanza de cambio, sino una repetición del desastre. Los ciudadanos se ven obligados a participar en un proceso que carece de transparencia, legitimidad y sentido democrático. En lugar de avanzar hacia un sistema judicial independiente y eficiente, Bolivia retrocede hacia una mayor dependencia del poder político, profundizando la crisis institucional que afecta al país.
Las elecciones judiciales se han convertido en una caricatura de participación ciudadana, un espectáculo que no solo perpetúa los vicios del sistema judicial, sino que además subraya la desconfianza y el desprecio que los bolivianos sienten por sus instituciones.
La crisis del sistema judicial no se resolverá con elecciones vacías. Se necesita una reforma estructural que garantice la independencia de los poderes, la transparencia en los procesos de selección y la participación informada de la ciudadanía.
Para Bolivia, estas elecciones no representan una oportunidad de cambio, sino la perpetuación de un sistema diseñado para fracasar. Votar en estas condiciones es simplemente participar en una farsa que legitima un modelo corrupto e inoperante. Este domingo los bolivianos votarán para que todo empeore.
