El caso del ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado en marzo de este año a 45 años de prisión en Estados Unidos ha sido el más resonante de los últimos tiempos, pero no es el único que muestra que el régimen norteamericano no se ha dormido ni ha dejado de intervenir activamente en la lucha contra el narcotráfico en América Latina, como lo hizo en los años 80 y 90, cuando acabó con los grandes carteles de las drogas que habían convertido a Colombia en un narcoestado.
Altos funcionarios y mandatarios de México, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Venezuela, entre otros, han sido sancionados, extraditados y juzgados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico en los últimos años, pese a la resistencia que han ejercido los gobiernos de izquierda que han predominado en la región y que han estimulado la producción de drogas, al extremo de que hoy, en esos países, entre ellos Bolivia, ya no se puede distinguir entre políticos y mafiosos y tampoco se puede verificar quién es el que ejerce el poder.
Acabamos de ver cómo las autoridades bolivianas le han estado exigiendo a los mandamases del Chapare, garantías para poder retornar a la zona de mayor presencia del narcotráfico, donde los uniformados, incluyendo los militares, fueron rebasados, humillados y expulsados a patadas hace más de un mes por seguidores del ex presidente Evo Morales, el mayor impulsor y protector del delito en todas sus variantes y que expulsó a la DEA a poco de haber asumido el poder.
Estamos hablando del año 2008 y para entonces Bolivia ya se había convertido en un narcoestado. La prueba es la enorme cantidad de funcionarios gubernamentales, autoridades, parlamentarios, jefes policiales que se vieron involucrados en las drogas, entre ellos los miembros del Clan Terán, de íntimas relaciones familiares con Evo Morales y el general de policía René Sanabria, detenido en 2011 mientras ejercía un importante cargo en el ministerio de gobierno.
El caso de Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas de Evo Morales es una evidencia más y seguramente la más notable, de que el gobierno boliviano, sus instituciones, los servicios de seguridad, las fuerzas armadas, la justicia, o están sometidas, totalmente penetradas o directamente se han convertido en un engranaje importante de los cárteles internacionales que gozan de plenas garantías en el territorio nacional.
¿Será éste un paso previo para ir tras Evo Morales? Nadie lo sabe, pero lo que sí tiene que ser inequívoco es que la entrega de Dávila que ha hecho el gobierno de Arce, no debe ser sólo un falso gesto de colaboración que tiene como trasfondo un objetivo netamente político. Con Arce, Bolivia sigue siendo un estado narco y no existe confianza en las autoridades nacionales que dicen estar combatiendo con fuerza a los narcos. Si no quiere continuar bajo sospecha y tampoco seguir con una espada de Damocles sobre su cabeza, Arce debe retomar las relaciones internacionales que en el pasado dieron excelentes resultados en el combate a los narcos.
El caso de Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas de Evo Morales es una evidencia más y seguramente la más notable, de que el gobierno boliviano, sus instituciones, los servicios de seguridad, las fuerzas armadas, la justicia, o están sometidas, totalmente penetradas o directamente se han convertido en un engranaje importante de los cárteles internacionales que gozan de plenas garantías en el territorio nacional.
