La justicia es el pilar sobre el cual se construye una sociedad organizada, equitativa y capaz de garantizar los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Cuando este pilar tambalea o es corrompido, el impacto trasciende lo legal y afecta profundamente la estructura social, económica y política de un país. Bolivia, como muchas otras naciones en desarrollo, enfrenta una crisis judicial que amenaza no solo el presente, sino también el futuro de sus habitantes.
La justicia no es solo un concepto abstracto o una idea filosófica; es un mecanismo que regula las relaciones humanas, protege al débil del abuso del fuerte y asegura que el poder sea ejercido dentro de los límites de la ley. Sin un sistema judicial independiente, cualquier esfuerzo por construir una sociedad justa y próspera es en vano. En su ausencia, el caos, la corrupción y la arbitrariedad se convierten en la norma, generando desigualdades insostenibles y un sentimiento de desesperanza entre la población.
La justicia en nuestro país se utiliza como herramienta política. Cuando el sistema judicial se convierte en un brazo del poder político, pierde su esencia y su función principal. En Bolivia, el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo ha sido evidente durante las últimas décadas. Los jueces y fiscales, en lugar de actuar como garantías de la legalidad y los derechos humanos, han sido utilizados como instrumentos de persecución política, represión, extorsión, enriquecimiento ilícito, protección del narcotráfico y defensa de los avasalladores de la propiedad privada.
El resultado es una sociedad donde la justicia se percibe como negociable y selectiva. Mientras los poderosos y políticos gozan de impunidad, el ciudadano común se enfrenta a un sistema incapaz de protegerlo. Esta situación no solo mina la confianza de las personas en las instituciones, sino que también desincentiva la inversión extranjera y local, obstaculizando el desarrollo económico y aumentando la pobreza.
Sin justicia, “no hay futuro” , y un país sin justicia es un terreno fértil para la corrupción, el abuso de poder y la violencia. La corrupción judicial socava la democracia, ya que impide que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y limita las posibilidades de un cambio positivo. Además, perpetúa un círculo vicioso donde los mismos actores corruptos continúan gobernando sin rendir cuentas.
La falta de justicia también afecta gravemente las oportunidades para el progreso social y económico. En un entorno donde las leyes se aplican de manera desigual, los emprendedores y empresarios enfrentan barreras insuperables, mientras que los criminales prosperan. Esto genera una economía informal y precaria que carece de sostenibilidad a largo plazo.
El impacto social es de grandes proporciones, ya que la ausencia de un sistema judicial justo y eficiente tiene un impacto directo en la cohesión social. Cuando los ciudadanos pierden la fe en la justicia, aumenta la frustración y el resentimiento, alimentando conflictos internos y debilitando el tejido social. La desigualdad, ya sea percibida o real, se agrava, y los sectores más vulnerables de la población quedan a merced de los poderosos.
En el caso de Bolivia, la falta de un sistema judicial independiente también ha llevado a una polarización política extrema. Los procesos judiciales se han utilizado como armas para silenciar a opositores, como ocurre con Camacho, Pumari, Áñez y otros. Esto perpetúa un clima de tensión y desconfianza. No solo afecta la gobernabilidad, sino también la capacidad del país para enfrentar retos comunes como el desarrollo económico, la educación y la salud pública.
Se requiere una solución urgente. Si un país desea tener un futuro con oportunidades, es imprescindible reformar profundamente su sistema judicial, y esto es lo que Bolivia necesita con urgencia. Esto exige voluntad política, participación ciudadana y un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. Un sistema judicial independiente no es un lujo, sino una necesidad para cualquier sociedad que aspire a la paz, el progreso y la justicia social.
En este contexto, los ciudadanos también tienen un papel fundamental que desempeñar. La participación activa en procesos democráticos, la denuncia de abusos y la demanda de rendición de cuentas son acciones que pueden marcar la diferencia. Aunque el camino sea difícil, es esencial recordar que una sociedad sin justicia es una sociedad sin esperanza. Y sin esperanza, no hay futuro.
Más allá de lo descrito, es urgente que, luego de conocerse los resultados de quienes fueron elegidos con una votación vergonzosa que no supera el 10% de la preferencia ciudadana, quede claro que quienes escogieron el Poder Judicial fueron los del Poder Ejecutivo. Esto busca garantizarles seguridad para un fraude más que seguro en las próximas elecciones generales. En este momento, la población deberá autoconvocarse a la protesta para desconocer la ilegitimidad de una justicia podrida y corrupta.
La justicia no es solo una institución; es el reflejo de los valores y principios de una sociedad. Bolivia, como cualquier otro país, tiene la oportunidad de construir un sistema judicial que sea independiente, justo y accesible para todos. Sin embargo, esto solo será posible si se reconoce la importancia de la justicia como base para el desarrollo y el bienestar colectivo. El tiempo para actuar es ahora, porque un país sin justicia no solo pierde su presente, sino también su futuro.
