Más de uno en el régimen del MAS habrá sentido escalofríos con las declaraciones que hicieron por separado, la administradora de la policía antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el fiscal del sur de Nueva York, Damian Williams, quien llevará adelante la acusación contra el ex jefe antinarcóticos de Bolivia, Maximiliano Dávila, recientemente extraditado.
Anne Milgram dejó en claro que Bolivia es un narcoestado, al afirmar que Dávila convirtió a la policía boliviana en una máquina de traficar cocaína y que no sólo protegía a los narcos, sino que se convirtió en un engranaje fundamental de los cárteles que operan en nuestro territorio.Eso no se logra sin protección política de alto nivel.
La funcionaria dijo que nadie es intocable y que seguirán persiguiendo a los corruptos que protegen a los narcos, sin importar su cargo ni el lugar donde estén. Muchos creerán que sólo se refiere a Evo Morales, pero no hay duda que la advertencia vale también para el actual gobierno, que sigue a pie juntillas la política del cocalero.Sólo tres datos lo confirman. A Luis Arce no le da la gana de poner en marcha los radares para detener las avionetas cargadas con droga; la policía y los militares no tienen ni la fuerza ni la autoridad para arremeter contra los santuarios de las drogas (de donde los echan a patadas) y, qué más evidencia, que la misera condena que recibió un pez gordo por matar a tres policías, que además del indulto, ha sido beneficiado con el traslado al lugar de su preferencia y, por si fuera poco, la justicia masista ni siquiera menciona su vinculación con las drogas. Eso sólo pasa en un narcoestado.
Las afirmaciones de Milgram, quien se explayó en detalles sobre la forma de operar de Dávila, han demostrado que la DEA nunca se fue de Bolivia, que tiene alcance global y que es capaz de hacer su trabajo en condiciones adversas, sin recurrir a la cooperación de un gobierno que se dedica a proteger a los criminales.
A su turno, el fiscal Damian Williams, quien tuvo a su cargo la imputación contra el mexicano Chapo Guzmán, ha dicho que el arresto y traslado de Dávila es apenas el comienzo, lo que deja explícito el enorme trabajo que hay que hacer en Bolivia, donde las cosas están peor que en los años 80, cuando las dictaduras militares, especialmente el régimen de Luis García Meza, convirtieron al país en una inmensa fábrica de cocaína, lo que motivó la aprobación de una ley implacable contra los narcos y el reforzamiento de la lucha contra el tráfico de drogas, que permitió la intervención de numerosos organismos internacionales, entre ellos, la DEA, por supuesto.
El MAS desmanteló toda la estructura que se había consolidado, hizo cambios en las leyes para favorecer a las mafias, puso a los ratones a cuidar el queso, dejó que los criminales manejen el país a su antojo y abrió las puertas de par par a los carteles internacionales vinculados a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros. Esperamos que la entrega de Dávila sea sólo el primero de las acciones del gobierno para reencaminar la situación. Sin eso, nunca tendremos justicia ni democracia.
