El agro cruceño enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente, reflejo de una situación que amenaza con convertirse en un desastre alimentario de proporciones nacionales. La producción de granos, columna vertebral de la seguridad alimentaria en Bolivia, ha caído un 50% en 2024, situación que desnuda la combinación letal de adversidades climáticas, inseguridad jurídica, escasez de insumos básicos y una preocupante indiferencia gubernamental.
Santa Cruz cerró el año con 2,9 millones de toneladas de granos, cifra que contrasta brutalmente con los niveles récord alcanzados en 2023. Cultivos estratégicos como la soya, el maíz y el trigo experimentaron caídas dramáticas del 37%, 72% y 72% respectivamente, desencadenando pérdidas económicas por más de 400 millones de dólares. Detrás de estos números hay una narrativa de abandono y restricciones que no solo asfixian a los productores, sino que también comprometen el bienestar de toda la población.
Las causas son variadas y complejas. La sequía, factor incontrolable, fue solo el principio de una cadena de adversidades exacerbadas por la falta de diésel, el avasallamiento de tierras y un sistema de exportaciones paralizado por decisiones gubernamentales erráticas. La suspensión de exportaciones, lejos de garantizar el abastecimiento interno, ha minado la capacidad de generación de divisas necesarias para financiar la producción y sostener el comercio exterior. Además, la ausencia de garantías frente a la usurpación de tierras ha creado un clima de incertidumbre que amenaza con desincentivar la inversión productiva en el mediano plazo.
Esta crisis no solo afecta al sector agropecuario, sino que tiene implicancias económicas y sociales más amplias. El descenso en la producción de granos impacta directamente en las cadenas alimenticias vinculadas, como la avícola, porcina, lechera y ganadera, comprometiendo el abastecimiento de alimentos básicos para la población. De continuar esta tendencia, Bolivia podría enfrentarse a una crisis alimentaria que agrave aún más las dificultades económicas que ya enfrenta.
El comercio exterior tampoco escapa de esta debacle. En 2024, las exportaciones bolivianas cayeron en 1.600 millones de dólares, mientras que las importaciones retrocedieron en 1.300 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Esta contracción, atribuida a la escasez de dólares, los bloqueos y la falta de políticas de fomento al comercio exterior, refuerza la urgencia de replantear las prioridades gubernamentales.
Frente a este escenario, el gobierno parece optar por una preocupante pasividad. Aunque medidas como la aprobación del uso de soya genéticamente modificada representan un avance, estas son insuficientes sin un respaldo integral que incluya garantías jurídicas, provisión de insumos y políticas que promuevan la exportación. Es urgente un cambio de enfoque que priorice el diálogo con los sectores productivos, quienes han demostrado un compromiso inquebrantable con la economía del país.
El agro cruceño necesita condiciones para seguir cumpliendo su rol esencial en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de Bolivia. No hacerlo equivale a condenar al país a una crisis económica y social de largo plazo. Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad y actúe con la celeridad y eficacia que esta situación requiere. El futuro de Bolivia depende de ello.
