El gobierno del MAS debería temblar cada vez que la OEA se refiere a Bolivia y mucho más cuando hace observaciones al estado de la democracia boliviana. Fue precisamente este organismo el que puso en evidencia a Evo Morales en el 2019, lo acusó de cometer fraude y selló para siempre su destino. La alarma ya sonó también para Luis Arce, quien ya tiene todas las trampas preparadas para continuar en el poder al estilo de su mentor, quien hacía de las suyas con las leyes y la constitución y luego lo “legalizaban” sus abogados. Esos sicarios de la justicia se llaman autoprorrogados, sujetos que son capaces de declarar vírgenes a las meretrices de un prostíbulo y ya están listos para lo que ordene el ex ministro de economía. La OEA lo sabe y es por eso que ha advertido de manera muy enérgica, a través de su misión de observadores de las elecciones judiciales, que el gobierno tiene que sacar de una vez por todas a esos impostores y reemplazarlos mediante mecanismos constitucionales. El mandatario boliviano no debe pasar por alto esta sugerencia, si no quiere correr la misma suerte de su “jefazo”.