El gobierno ha anunciado que, a partir de marzo, pondrá en marcha un rígido sistema de control del arroz que se comercializa en el país. Se trata de la implementación de guías de movimiento del cereal, lo que no es otra cosa que criminalizar el comercio de un producto tan esencial para el consumo doméstico. En otras palabras, cualquier bolsa que no tenga su respectivo documento de respaldo será decomisada, lo que se presta para la burocracia, la persecución de los productores y comerciantes y, sobre todo, para la extorsión y la corrupción. Almacenar, cargar y transportar arroz será algo así como transar con coca y cocaína, dos productos que gozan de amplia protección del régimen del MAS. Y, tal como sucede con el narcotráfico, cuyo precio se multiplica por el factor del riesgo, lo más probable es que las famosas guías beneficien precisamente a los especuladores y perjudiquen al consumidor, que deberán pagar un precio de oro por cada bocado. No hay cómo convencer a Luis Arce que producir alimentos no es un crimen.