Empresarios, sectores productivos, gremiales y transporte pesado exigieron al Gobierno la abrogación de la Disposición Adicional Séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 por ocasionar una “inseguridad jurídica total” para diferentes sectores.
La posición fue fijada en un pronunciamiento interinstitucional conjunto luego de una reunión de este miércoles donde participaron los representantes de diferentes sectores en la ciudad de Cochabamba.
“Solicitamos al poder Legislativo y Ejecutivo, corregir este error funesto para la producción y el abastecimiento a la población nacional, abrogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613”, indica parte del documento.
Los sectores identificaron que la falta de dólares fue el “detonante” de una escalada de precios en diversos productos importados y nacionales y que a esto se sumó el desabastecimiento de carburantes.
A ello, la población asumió un elevado incremento de los costos de producción, transporte y comercialización generado que “inviabilizan a miles de actores de las cadenas de abastecimiento”, lo que repercutirá de forma directa en la oferta de productos a la población.
“Las autoridades, en vez de buscar soluciones de fondo aplican la intervención y el amedrentamiento que lejos de resolver la escasez de productos la profundiza, prueba de ello es que las últimas acciones no han resuelto la falta de arroz y aceite”, lamentaron.
En ese sentido cuestionaron que la Disposición Adicional Séptima de la ley del TGE 2025 genera una “inseguridad jurídica total para todos los actores que participamos en las distintas cadenas de suministro”.
El artículo en cuestión faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, si estas instituciones estatales consideran que hay un encarecimiento, retención o de estos productos.
En la reunión interinstitucional de Cochabamba participaron la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Confederación de Gremiales de Bolivia (Confenal Gremiales), Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex).
Además de la Cámara Nacional de Industria Oleaginosa (Caniob), Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Unión de Productores Bananeros del Trópico de Cochabamba (Uniban), entre otros.
La ley del PGE 2025 entró en vigencia desde el 1 de enero “por fuerza de ley” al no haberse podido tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
