Nicolás Maduro ha recurrido al terrorismo de Estado, con tal de seguir en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, es la primera vez en mucho tiempo que las tropelías de una dictadura tan bien consolidada se exponen con tanta evidencia y de manera tan contundente, que ni siquiera sus principales aliados de Nicolás Maduro han podido darle su respaldo (Gustavo Petro, Ignacio Lula, Gabriel Boric, Luis Arce, etc.).
La comunidad internacional no sólo se ha hecho sentir con pronunciamientos diplomáticos, sino que ha reconocido directamente a Edmundo Gonzáles como el nuevo presidente venezolano. La OEA y sus diferentes mecanismos institucionales siguen activos en procura de encontrar una salida a la crisis que tiene a este país quebrado y al borde del colapso total.
Que Maduro y su pequeño entorno palaciego hayan ignorado el ultimátum de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados Unidos, el Grupo de Lima, entre otros organismos y Estados democráticos, es la prueba de que el poder enferma, enceguece y embrutece a ciertas personas. Sostener que todavía cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuando existe una implosión militar (que puede tener un efecto dominó) en los mandos castrenses debe merecer una reflexión y autocrítica de la dictadura.
Lo cierto es que no todos los gobernantes tienen la capacidad y la suficiente inteligencia para controlar y, en su caso, guardar distancia del poder político. El poder puede convertirse en un arma suicida para quiénes lo ejercen, sin límites ni controles efectivos. El ejercicio del poder político no sólo desgasta, obnubila y embrutece a las personas, sino también las enferma y puede liquidar ─física y espiritualmente─ al considerado incluso el más “fuerte”.
La enfermedad del poder existe y comienza por minar los sentidos del gobernante. Aunque hay excepciones, ni bien asciende al poder o en ejercicio del mismo, comienza a perder la perspectiva de la realidad. A veces el giro es tan agresivo que desconcierta hasta a sus más íntimos y allegados. Los halagos de sus colaboradores, amigos, familiares, entre otros, termina con la humildad (cuando hubo), y empieza a distanciarse de sus bases y a renegar y, en algunos casos, a despreciar sus orígenes.
La OEA ha invocado la Carta Democrática Interamericana que busca, precisamente, proteger a los países americanos cuanto se rompe el orden constitucional. La defensa de la democracia, los derechos humanos, los valores y principios constitucionales, pasan a ser una responsabilidad de todos los países miembros. La protección de los derechos humanos debe prevalecer al principio de la no intervención, que proclamaba Maduro y sus seguidores.
La democracia es imprescindible para la convivencia ciudadana. El artículo 3 de la Carta dice que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
La comunidad internacional recuerda que un régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder. La crisis política ha generado una profunda crisis humanitaria sin precedentes, al extremo que siendo uno de los países más ricos en la región, no hay alimentos, medicamentos, energía, ni lo más elemental de la canasta familiar, incluyendo el papel higiénico. Y más de ocho millones de venezolanos deambulan por el mundo, generando un conflicto especialmente para los países vecinos donde han tenido que llegar y compartir sus necesidades existenciales con los nacionales.
La defensa real de los derechos humanos es una tarea de todos, por la sencilla razón que son ―universales y sagrados― y su protección no debe tener fronteras. Ningún gobierno debe quedar indiferente ante los abusos del régimen delincuencial de Nicolás Maduro, que lejos de proteger a sus ciudadanos, se encarga de polarizar y enfrentar a los venezolanos, que están además bajo estado de excepción permanente.
Los organismos y la comunidad internacional tienen que garantizar una transición democrática, restituir la institucionalidad y la convivencia pacífica y civilizada en Venezuela.
*Jurista y autor de varios libros.
