La mañana de este jueves los representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) llegaron al Ministerio de Justicia para reunirse con autoridades del Gobierno para analizar y revisar la disposición sobre el decomiso de productos que está contenida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
En representación de la CNI, está presente su presidente Pablo Camacho. Mientras que de parte del Gobierno el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, y el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez.
¿Qué dice la disposición séptima?
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Empresarios
Gremiales, transportistas, industriales y otros actores del sector productivo han expresado su rechazo y denunciaron que la disposición abre la puerta por ejemplo a casos de extorsiones.
El presidente de Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), José Luis Farah, cuestionó la medida que otorga facultad a las reparticiones de fiscalización del Gobierno a ejecutar decomisos de productos bajo sospecha de agio y especulación.
“Las autoridades, en vez de buscar soluciones de fondo, aplican la intervención y el amedrentamiento (...) generando una inseguridad jurídica total para todos los actores que participamos en las distintas cadenas de suministro”, indicó.
“Las autoridades, en vez de buscar soluciones de fondo, aplican la intervención y el amedrentamiento que lejos de resolver la escasez de productos, la profundiza. Prueba de ello es que las últimas acciones no han resuelto la falta de arroz y de aceite”, señaló.
“No conforme con estas acciones directas, se incorpora la disposición adicional séptima en la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2025, generando una inseguridad jurídica total para todos los actores que participamos en las distintas cadenas de suministro”, añadió.
Gobierno
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, insistió en que “esta disposición no va contra aquellas personas que se dedican al comercio lícito, que necesariamente tienen que tener un stock para garantizar el abastecimiento del producto en el mercado.
“Sino que va en contra de aquellas personas que almacenan productos, especialmente en las zonas fronterizas del país, con fines de contrabando”, apuntó.
