La investigación de la Fiscalía considera que hay un supuesto daño al estado de unos Bs 2 millones por un caso de supuesta corrupción en la oficina de Derechos Reales en Santa Cruz, referidos a pago de trámites realizados en la institución y que habrían sido depositados en cuentas de terceros.
El caso se hizo público este miércoles, luego de un allanamiento realizado por policías y fiscales en la oficina de la institución ubicada en el Palacio de Justicia.
El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que se emitieron citaciones para la toma de declaraciones de las personas involucradas, entre ellas un juez, registradores de derechos reales, un supervisor, un asesor, una registradora, dos funcionarias de la Dirección de Administración de Cárceles (DAC) y personas particulares, mencionó el diario El Deber en su sitio web.
Los delitos que se investigan son enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y manipulación informática. “Se han detectado irregularidades en el cobro de montos relacionados con inscripciones de gravámenes hipotecarios y otros trámites, lo que ha llevado a la apertura de este caso”, explicó Zeballos, citado por dicho medio.
Las declaraciones de los implicados, programadas entre este viernes y el lunes, serán clave para esclarecer las acciones de los funcionarios y determinar el alcance del presunto desvío de fondos.
"El caso está en una etapa inicial, pero trabajaremos para identificar si hubo un enriquecimiento desproporcionado de los implicados. También evaluaremos si se manipularon sistemas informáticos para facilitar estas irregularidades", remarcó Zeballos.
Aún no se tiene claro como operaba esta red y esperan esclarecer este punto con el avance de la investigación. La atención este jueves en estas oficinas se realizaban con normalidad.
“Realizan ciertas inscripciones de gravámenes hipotecarios, u otra clase de trámites que se ventilan, con relación a cada uno de los bienes objeto en este caso de cancelaciones en estas oficinas, se ha detectado aparentemente ciertas irregularidades con relación al cobro de dichos montos”, agregó el Fiscal Departamental.
