El reciente anuncio de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo no solo ha generado controversia, sino que también plantea una paradoja fundamental: mientras se hacen gestos hacia la dictadura más longeva del mundo, ¿por qué los mediadores internacionales no presionan a La Habana para que deje de asesorar, promover y estimular regímenes autoritarios en América Latina, como los de Venezuela, Nicaragua y Bolivia?
El argumento utilizado para justificar
esta decisión se centra en la promesa de liberar a 553 presos políticos, una
cifra que representa menos de la mitad de los 1,148 detenidos documentados por
la ONG Prisoners Defenders hasta noviembre de 2024. Este gesto, alentado por el
papa Francisco, Lula da Silva y Gustavo Petro, parece ignorar una realidad
incómoda: la dictadura castrista sigue usando a los presos políticos como
fichas de cambio, liberando a algunos mientras encarcela a otros. Es la táctica
de la "puerta giratoria", una estrategia que perpetúa el control represivo
mientras obtiene beneficios diplomáticos.
Es indignante que los mismos actores
internacionales que han abogado por la retirada de Cuba de la lista de países
que promueven el terrorismo no exijan al régimen cubano un compromiso real con
la democracia y los derechos humanos. Esta intercesión demuestra una
preocupación selectiva que no incluye la situación interna de los cubanos ni el
rol de La Habana en la exportación de su modelo autoritario.
El apoyo logístico y político que brinda
a gobiernos como los de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua
y Luis Arce en Bolivia es bien conocido. Sin embargo, la comunidad
internacional parece dispuesta a pasar por alto este hecho, prefiriendo
centrarse en gestos simbólicos que no abordan las causas profundas de la
inestabilidad en América Latina.
La inclusión de Cuba en la lista de
países que promueven el terrorismo en 2021 fue una de las últimas decisiones de
la administración de Donald Trump. Esta medida, basada en la evidencia de que
La Habana albergaba a miembros de la narcoguerrilla colombiana del ELN, llevaba
consigo severas sanciones económicas y restricciones financieras. Su reversión
no solo representa un retroceso en la presión sobre el régimen cubano, sino
también un mensaje contradictorio: mientras se condena la falta de democracia
en otros rincones del mundo, se premia a un gobierno que encarna la represión y
la pobreza sistémica.
Esta decisión se produce bajo la presión
de varios socios internacionales como la Unión Europea, España, Brasil,
Colombia, Chile y Canadá. Todos ellos ignoran que las concesiones unilaterales
solo fortalecen al régimen cubano, que sigue sin mostrar intenciones reales de
democratización ni de detener su influencia desestabilizadora en la región.
Si los mediadores continúan actuando con esta doble vara ayudan a fortalecer a la dictadura cubana y perpetuar un modelo que sigue sembrando pobreza, represión y autoritarismo más allá de sus fronteras. La paradoja no es solo una cuestión de incoherencia; es un fracaso moral y político que cobra un precio demasiado alto para los pueblos de la región.
