Los bloqueos realizados por los seguidores de Evo Morales, como las marchas y concentraciones del MAS, se financian a partir de las cuotas o aportes sindicales cobradas a las personas y organizaciones agrupadas debajo de las seis federaciones del trópico como del Pacto de Unidad. También se conocen de cobros a los militantes y a los mismos funcionarios públicos como aportes a su partido político.
Los cobros se hacen periódicamente, bajo
listas y con sanciones como la pérdida de tierras, expulsión del sindicato y
otras acciones antidemocráticas.
La logística y las movilizaciones se realizan
también con listas de participantes a los cuales se les pagan con dinero en
efectivo por día de marcha (o bloqueo), al tiempo de darles comida, transporte
y alojamiento si fuera el caso.
Estos cobros son un abuso y forman parte de
una dictadura sindical con la cual se sustenta el MAS.
Se conoce, que los bloqueos y marchas se
pangan en promedio a 200 bolivianos por día y por persona o aún más. Esto ha
convertido a los movilizados en mesnaderos y no en luchadores por causa
sociales o reivindicaciones sectoriales. De parte del gobierno de Luis Arce,
apela a la misma metodología, ya que moviliza obligatoriamente a funcionarios
públicos, con amenaza de pérdida del empleo, brinda dinero a los asistentes de
áreas rurales y da toda la logística para hacer sus concentraciones.
Nadie investiga el uso de los recursos
estatales para fines políticos ni las prácticas dictatoriales al interior de
las dos alas del MAS. Sin embargo, el financiamiento de las movilizaciones del
MAS no termina aquí.
Se conoce del uso de dinero sucio en las
movilizaciones, es decir, recursos económicos de procedencia dudosa, que el
sentido común indican ser de las mafias ilegales enraizadas en la región del
trópico de Cochabamba y otras regiones vinculadas al narcotráfico.
En varios países, muchos gobiernos fueron
financiados con dineros del narcotráfico y se conoce de varias personas
investigadas y procesadas por estas contribuciones.
En el pasado, el 30 de junio de 2022, el
Comité Nacional de Defensa de la Democracia Conade remitió denuncia al TSE para
que realice una investigación transparente y sanciones efectivas y
proporcionales al ilícito relacionado con el “financiamiento de un
narcotraficante sentenciado para el Movimiento Al Socialismo”. La evidencia
presentada era una carta de Gerardo García Vicepresidente del MAS dirigida al
narcotraficante argentino Miguel Ángel Salazar Yavi, cuyo nombre verdadero es
José Miguel Farfán, sentenciado a 15 años de prisión por un tribunal de Salta
en 2019, al encontrarlo con 411 kilos de cocaína boliviana, nota de
agradecimiento por “grandes contribuciones económicas desde las elecciones del
2014 hasta la fecha (2017)”.
El TSE realizó la investigación y respondió al
Conade con información del seguimiento a los manejos contables del MAS desde
2014 y 2017 afirmando que “De acuerdo al informe de la Unidad Técnica de
Fiscalización, no existe ningún registro de aporte de recursos en efectivo o
especie realizado por el Sr. José Miguel Farfán, ni existe registro de aporte
de recursos en efectivo o especie realizados por Miguel Ángel Salazar Yavi”.
Queda claro que el TSE tiene una metodología de regulación, fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos del MAS fuera del contexto real y por ello tenemos que soportar concentraciones, marchas, bloqueos realizadas por esta organización, en sus dos alas, sobre la base de cobros dictatoriales, financiamientos sucios, imposiciones a los funcionarios públicos y finalmente con recurso del Estado que nunca serán investigados por el actual TSE.
