El Tribunal Supremo Electoral viene insistiendo en blindar las elecciones generales, luego del “carnaval” que se produjo en torno a las elecciones judiciales, cuya fecha se modificó varias veces por interferencias políticas disfrazadas de fallos judiciales emitidos por operadores que trabajan para el gobierno de Luis Arce. Este jueves, la sala plena de la institución decidió fijar para el 17 de agosto como fecha inamovible y definitiva de los comicios presidenciales, un gesto que surge del temor y la presión en el que se encuentra el órgano electoral, que sabe muy bien que el régimen del MAS no está en condiciones de enfrentar una contienda en las urnas y que buscará a toda costa prorrogar el mandato de Arce y postergar la votación. No hay duda que el gobierno, con sus prorrogados del Tribunal Constitucional y su ejército de jueces afines harán todo lo posible para salirse con la suya, en tanto que el Tribunal Electoral se encuentra sin armas para contrarrestar. Hará falta que la premisa de “Elecciones el 2025, sí o sí” se posicione en la opinión pública, reciba el respaldo ciudadano y el consenso de los actores políticos de la oposición.